Javier Balza informó ayer de que la Consejería de Interior va a coordinarse con el Gobierno español y con la patronal Confebask para acordar las medidas de refuerzo de la seguridad de las empresas y personas implicadas en las obras del tren de alta velocidad en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El responsable político de la Ertzaintza dio esas explicaciones tras tomar parte en la concentración de repulsa por la muerte de Inazio Uria que tuvo lugar ante la sede del Gobierno autonómico en Gasteiz.

Balza no quiso dar detalles sobre la investigación del atentado registrado el día anterior en Azpeitia, aunque sí confirmó que el arma y la munición utilizadas no son las mismas que las que se usaron en el que costó la vida al ex concejal del PSE Isaías Carrasco, el pasado 7 de marzo en Arrasate.

Recordó que su Departamento lleva mucho tiempo trabajando en coordinación con Madrid para garantizar la seguridad de las obras, objeto de las amenazas de ETA, que en un comunicado hecho público el pasado mes de agosto indicaba que el TAV es «el ejemplo más claro de la política del PNV y sus acólitos» ya que «las ganancias de algunos tienen que garantizarse a toda costa, sin importarles que Euskal Herria se hipoteque como proyecto».

No obstante, Balza destacó que la muerte de Uria es un «salto cualitativo», por lo que considera que hay que llegar «hasta el último eslabón que sea necesario en materia de seguridad, porque esta obra se va a construir».

Esa labor, según indicó, se llevará a cabo «de forma totalmente coordinada y con la máxima discreción para que las iniciativas sean eficaces» entre los departamentos de Interior y de Transportes de Lakua y los ministerios de Interior y de Fomento. Aseguró que ya se ha puesto en contacto con las partes anteriormente citadas y que todas han asumido unánimemente ese planteamiento.

En cambio, no quiso comentar si a Inazio Uria se le había ofrecido o no escolta, limitándose a señalar que hasta el momento todos los agentes implicados en estas obras que «han necesitado protección la han tenido». «Nos vamos a dejar la piel, porque esta obra va a salir adelante y el País Vasco va a contar con esta infraestructura, que no van a conseguir parar unos terroristas», insistió.

Ese mensaje también fue trasladado por la delegada del Gobierno español en Nafarroa, Elma Sáiz, quien recordó que el macroproyecto ferroviario también atraviesa este herrialde. Además, comentó que Altuna y Uria «llevaba tiempo sufriendo el acoso y las amenazas».

Contra el TAV y contra ETA

El atentado mortal contra el copropietario de una de las empresas adjudicatarias del TAV también ha acarreado críticas contra ETA desde algunos colectivos implicados en la oposición a esa infraestructura. Es el caso de ELA, que impulsa un modelo de tren social frente a este macroproyecto, o el de Ekologistak Martxan y el sindicato ESK, ambos integrantes de la coordinadora AHT Gelditu! Elkarlana.

Además de trasladar su solidaridad a los allegados de Uria, ESK manifestó ayer que «como parte del movimiento popular contra el TAV, no sólo no comparte, ni aprueba estos métodos, sino que declara públicamente que son un obstáculo en el fortalecimiento del movimiento ciudadano contra una infraestructura irracional como es la del TAV».

Ekologistak Martxan, por su parte, sostiene que recurrir a la violencia para frenar esta infraestructura «no es ecologismo» y que, además, «afecta muy negativamente al necesario debate social sobre el TAV». «No queremos parar el TAV así», añadió.

A título personal, Mikel Álvarez, uno de los portavoces habituales de la coordinadora contra el TAV, expresó su «rabia» por la muerte de Uria y rechazó «la intervención de ETA» en este «conflicto ecológico y social».