Tras el atentado de AzpeItia
La patronal española insta a disolver ayuntamientos vascos
El presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, pidió ayer a los grupos del Congreso que se comprometan a desalojar a la izquierda abertzale de los ayuntamientos que gobierna. El PP hizo suya la iniciativa y presentó una propuesta en el Congreso y el Senado para que se disuelvan esas corporaciones y sean sustituidas por la gestión directa de las diputaciones. La Abogacía del Estado ya tenía analizada la posibilidad tras la ilegalización de ANV.
GARA | GASTEIZ
Tras la muerte en atentado de Ignacio Uria, la derecha española se ha puesto como objetivo la disolución de los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale. Los editoriales de «La Razón», «Abc» y en otra medida «El Mundo» lo reclamaban en sus ediciones de ayer y fue el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán quien llevó la propuesta a la reunión que celebraron en el Congreso los grupos parlamentarios junto a organizaciones empresariales y sindicatos con el fin de elaborar un comunicado de condena a ETA.
«He pedido a los partidos firmantes -afirmó Díez Ferrán- que se comprometan a desalojar a ANV de los ayuntamientos» porque se trata de «una fuerza que no condena los atentados e ilegalizada».
La propuesta no pretendía ser debatida ni votada en la reunión de ayer, aunque la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió la palabra para mostrar el apoyo de su partido a la idea, al igual que hizo también Rosa Díez, de UPyD. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, apuntó que compartía el objetivo, pero no el «método», mientras que el del PSOE, José Antonio Alonso, adujo que no era el momento de plantear dicha cuestión.
El PP lo lleva al registro
A la salida de la reunión, el PP presentó sendas proposiciones no de ley en el Congreso y en el Senado, en las que se promueve la inmediata disolución de los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale, lo que provocaría que su gestión quedaría en manos de las diputaciones, como se hizo en Marbella tras los escándalos protagonizados por el GIL. La propuesta del PP es que el Gobierno español, «en el plazo más breve posible», apruebe un real decreto que disuelva «los órganos de las corporaciones locales gobernadas por ANV» acogiéndose a la vía del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. Para proceder a esa disolución, el Gobierno español debe comunicar previamente su intención de disolver los ayuntamientos al Ejecutivo autonómico, en este caso el gabinete vasco que preside el nacionalista Juan José Ibarretxe, y debe obtener un informe favorable del Senado aprobado por mayoría absoluta.
Además, y «en tanto se da cumplimiento a la citada disolución», el PP reclama las medidas necesarias para transferir a las Diputaciones correspondientes las cantidades previstas para dichos municipios gobernados por la ziquierda abertzale dentro del fondo de 8.000 millones que el Ejecutivo de Zapatero ha anunciado para inversiones locales. Actualmente la izquierda independentista gobierna, en solitario o en compañía de otros, un total de 43 municipios. Se calcula que a los 18 más importantes les podrían corresponder más de 24 millones de euros del Estado.
Tema estudiado
La posibilidad de disolver los ayuntamientos con gobierno independentista viene siendo estudiado por el Estado desde que el 22 de setiembre el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia de ilegalización de ANV.
Ayer trascendió que un informe de la Abogacía del Estado descarta que se pueda producir la disolución de estos ayuntamientos mediante la ejecución de la sentencia de ilegalización dictada por la Sala del 61 del Tribunal Supremo, sin embargo, sí considera «posible» la «disolución singular y particularizada» de las corporaciones locales si se acreditan los supuestos para la disolución del artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Para aportar pruebas en este sentido, considera como un ejemplo a seguir los informes que realizaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la ilegalización de ANV y EHAK y también para impugnar las listas electorales.
La propuesta es que se acredite «cumplidamente» que alcaldes y concejales abertzales cumplen las actuaciones descritas en el artículo 61.2 de la Ley. Este artículo dice que «se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales» los acuerdos y actuaciones de los órganos de las Corporaciones Locales que «den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
Rosa Díez busca su hueco
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, pretende interpelar el próximo miércoles al Gobierno español sobre la disolución de los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale y forzar así una votación sobre esta cuestión el próximo día 16. El PSOE, de quien depende la aprobación de esta medida, no quiso pronunciarse ayer sobre la cuestión.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, señaló hoy que no condenar un atentado puede ser «merecedor de un reproche ético o moral», pero que «en ningún caso» constituye «un ilícito». Y añadió que sería «un error» intentar dejar «huérfana de toda voz a una parte nada despreciable del País Vasco», una circunstancia que «sólo contribuiría a crispar más la situación y a retardar una solución pacífica y dialogada al conflicto». También IU y el BNG se mostraron contrarios a la disolución de los ayuntamientos de gobierno abertzale.
PNV y NaBai volvieron a firmar ayer un texto conjunto con otros partidos, la CEOE y CEPYME y CCOO, UGT y USO de condena a ETA en el Congreso en el que se afirma textualmente que «creemos en la libertad y en la democracia consagradas en las Constitución Española».
Después de que EA y Aralar hayan decidido dejar sus responsabilidades en el gobierno del Ayuntamiento de Azpeitia, el PNV baraja ya la presentación de una moción de censura, para lo que necesitaría al menos un voto de otro partido. La Corporación está compuesta por 8 concejales del PNV, 6 de ANV, 2 de EA y 1 de Aralar. Tras las últimas elecciones municipales, y tras constantes alcaldías jeltzales, las formaciones de la oposición decidieron unir sus fuerzas para hacerse con el gobierno municipal.
Para poder presentar una moción de censura es necesario contar con la mayoría absoluta. El PNV está a un voto de ello y el presidente del GBB, Joseba Egibar, destacó que si consiguen garantizarse ese voto, no dudarán en presentar la moción de inmediato. Iñigo Urkullu avaló esas palabras desde la concentración que se celebró en al propia plaza de Azpeitia, aunque dirigió sus dardos contra Eusko Alkartasuna. El presidente del EBB afirmó que EA todavía «se mantiene» en el Gobierno municipal de Azpeitia porque «se ha retirado de la comisión de Gobierno», pero «sigue manteniendo la tenencia de Alcaldía y las responsabilidades». Además, señaló que «no es el problema del PNV. El PNV, siendo la lista más votada de las elecciones municipales y forales de 2007, ya el año pasado por estas fechas presentó a EA un escrito con la disposición de las ocho firmas necesarias para presentar una moción de censura por entender que, por mejor derecho de la lista más votada y dentro de los pactos con EA, nos correspondía la alcaldía», pero EA rechazó la posibilidad.
Ante este tipo de declaraciones, el presidente de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, denunció la actitud de «carroñerismo político» de algunas formaciones, como el PNV, que, en estos momentos de «conmoción», hacen «planteamientos de ocupar sillones en el Ayuntamiento de Azpeitia, cuando todavía está de cuerpo presente el asesinado por ETA». Además, aseguró que su formación ha abandonado «todas las portavocías y todos los órganos de gobierno».
El líder de EA denunció, en referencia al PNV, que, «cuando todavía el cuerpo de Inaxio Uria se encuentra en el tanatorio, cuando estamos inmersos en una conmoción en el pueblo, en una dinámica de concentraciones, de reuniones en el ayuntamiento y de muestras de condena y repulsa, haya formaciones políticas que estén tratando de sacar réditos electorales de esta situación absolutamente luctuosa».
Pero Ziarreta tiene críticos dentro de su propio partido. Iñaki Galdós, presidente de EA en Gipuzkoa, afirmo que lo hecho es «insuficiente» e instó a su formación a «mover ficha» y «adoptar decisiones» para contar con un regidor «que condene los asesinatos».
Entre tanto, Aralar anunció también ayer su decisión de abandonar el gobierno municipal de Azpeitia. El vicecoordinador de la formación, Jon Abril, acompañado de su concejal en la localidad, Carlos Arellano, y de la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rebeka Ubera, aseguró a los medios informativos que la actitud del alcalde y su grupo (la izquierda abertzale) mantenida durante el pleno de condena del atentado resulta «inaceptable» porque «va en contra de los principios del acuerdo de Gobierno y del derecho a la vida».
Preguntado por la posibilidad de que Aralar apoye una moción de censura en el Consistorio, Abril respondió que todavía no se ha analizado esa situación porque «no procede en este momento». No obstante, advirtió de que su formación no estará «ni en un gobierno que no sea de izquierdas, ni en uno de confrontación».
Cabe recordar que tras la muerte en atentado del ex concejal del PSE en Arrasate Isaías Carrasco, tanto éste partido como el PNV pusieron en marcha una serie de «mociones éticas» cuyo objetivo era que si no eran aprobadas por las alcaldías de ANV la siguiente fuerza encabezara una moción de censura. La iniciativa tuvo escaso éxito, puesto que ni siquiera en la propia localidad de Arrasate hubo un acuerdo suficiente para sustituir a ANV al frente de la corporación.
Sin embargo, toda la campaña que se desarrolló en aquellas fechas sí sirvió para que desde la Audiencia Nacional se buscara una excusa para encarcelar a la alcaldesa de la localidad, Ino Galparsoro, que pasó varios meses en prisión bajo la acusación de haber continuado con actividades de ANV tras su suspensión de actividades.
