Tras el atentado mortal contra Inazio Uria, se han sucedido las reacciones de partidos, sindicatos y colectivos diversos. Entre ellas la de partidos políticos, empresarios y sindicatos del Estado español, reunidos ayer en Madrid. Y resulta cuando menos llamativo que en esa reunión el presidente de la patronal española, CEOE, pidiera a los partidos la disolución de los ayuntamientos vascos que gobierna la izquierda abertzale. La propuesta de la patronal fue inmediatamente apoyada por el PP, mientras que el PSOE no se pronunció por estimar que no era el momento adecuado para discutirlo. Sin embargo, cabe destacar que la Abogacía del Estado ha aputado que, si bien los alcaldes y ediles abertzales no son susceptibles de aplicación de la vía de ilegalización de partidos, sí podrían ser destituidos en base a las pruebas que aportaran las Fuerzas de Seguridad. El acoso a los representantes independentistas se completa con la dinámica de mociones de censura que gestó el PSOE y que el PNV se muestra decidido a reactivar. Ese proceder contrario a la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos no conoce límites y, en situaciones dramáticas como la actual, el comportamiento democrático que algunos exigen a los demás se revela en ellos más que dudoso. Tanto como la efectividad de esas fórmulas del pasado que pretenden aplicar una vez más.