Este miércoles, 10 de diciembre, se celebra el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Y éste será probablemente el marco elegido por el Gobierno español para hacer oficial un compromiso adoptado por su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, en una reunión celebrada en verano con el máximo mandatario de la ONU, Ban Ki Moon: la presentación antes de fin de año de un Plan de Derechos Humanos que ya ha sido aprobado por otros gobiernos estatales.

Según ha podido constatar GARA a través de los últimos borradores difundidos entre organizaciones de este ámbito, el plan no cumplirá las recientes recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que revisó este año la política del Estado español en esta materia por primera vez desde 1996 e hizo público un informe muy crítico a finales de octubre.

Tras la visita del relator, el finlandés Martin Scheinin, en el mes de mayo, este estudio expresó una especial preocupación por el mantenimiento de la tortura, e instó al Gobierno español a «suprimir definitivamente el régimen de incomunicación» a través de las reformas legislativas pertinentes. Sin embargo, el borrador al que ha tenido acceso GARA deja claro que la incomunicación se mantendrá, aunque con algunas limitaciones que se introducirían ahora y cuya aplicación quedaría en manos, en todo caso, de la Administración estatal.

Menores y grabaciones

A tenor del borrador, la única modificación legal efectiva será la destinada a suprimir la aplicación de la incomunicación a los menores de edad, «con independencia del delito que hayan cometido», según se subraya en el texto.

El resto de correcciones que el Gobierno se plantea introducir en este ámbito son equiparables al llamado «protocolo Garzón», implantado por este juez de la Audiencia Nacional desde hace dos años a título personal. En su visita, Scheinin lo conoció y expresó su sorpresa por la aplicación absolutamente discontinua y arbitraria del mismo. Según se le informó, únicamente tres de los seis jueces instructores del tribunal especial lo han utilizado puntualmente -Garzón, Fernando Andreu y Santiago Pedraz-, y no siempre desde el mismo momento del arresto. Por contra, otros como Fernando Grande-Marlaska lo deniegan de modo reiterado.

En concreto, en su Plan de Derechos Humanos el Gobierno se comprometerá a «grabar, en vídeo u otro suporte audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a régimen de incomunicación».

Igualmente, éste sería visitado, además de por el forense habitual de la Audiencia Nacional, «por otro médico adscrito al sistema público de salud», aunque se matiza que quien lo elegirá será «el titular del futuro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura», una institución de nueva creación, de modo que la Administración mantendrá el control de este ámbito.

También como novedad, el Gobierno anuncia la elaboración de un protocolo que «contendrá las comprobaciones médicas mínimas a realizar al detenido y los partes normalizados a cumplimentar».

En otro punto posterior, el Gobierno anuncia la organización de cursos dirigidos a las FSE para «garantizar los derechos de las personas detenidas», así como de jornadas sobre «el funcionamiento y ámbito de competencias de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, tales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o los Relatores Especiales de Naciones Unidas». Una afirmación que contrasta con la práctica histórica de indultar, e incluso ascender, a policías y guardias civiles condenados por torturas.

Hasta aquí llegan los compromisos del Gabinete de Zapatero en esta materia, que evidentemente quedan muy lejos de las recomendaciones de la ONU. De hecho, el informe de su Comité de Derechos Humanos ya anticipaba las intenciones de Madrid al exponer que había sido informado de la intención de implantar un segundo examen médico o de grabar los interrogatorios. Y avisó al respecto de que «aunque el Comité toma nota de ello, sigue estando preocupado por el mantenimiento del régimen de incomunicación, tratándose de delitos de terrorismo y bandas organizadas, que puede llegar a ser de trece días, y por el hecho de que las personas interesadas no tienen derecho a elegir su propio abogado».

«El Comité no comparte la opinión del Estado en cuanto a la necesidad de mantener el régimen de incomunicación, justificado en aras del `interés de la Justicia' -añadía el informe-. El Comité entiende que este régimen puede propiciar los malos tratos y lamenta que se mantenga».

Unidades de Madres

Si las novedades en el capítulo de «garantías» para «erradicar la tortura» son insuficientes, el borrador está casi vacío en lo que respecta a la política carcelaria. Y ello pese a que el informe de la ONU le instó a recortar los plazos de prisión preventiva o emplazó a definir el concepto de «terrorismo» de modo mucho más restrictivo.

Los únicos cambios serían una ley para readecuar el papel de los funcionarios de prisiones, la puesta en marcha de cinco nuevas Unidades de Madres y la implantación de un programa de «inter- vención con personas excarceladas y en libertad condicional».

Pese a todo ello, en la introducción del borrador del Plan el Gobierno de Zapatero pone énfasis en elogiar su compromiso con los derechos humanos. Dice que el objetivo del proyecto es «adecuar nuestro ordenamiento interno a los compromisos internacionales», que admite que fueron suscritos hace ya tres décadas. Y encuadra el Plan como respuesta a una iniciativa de 1993, hace nada menos que quince años: la realizada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena a todos los estados para elaborar estos planes. El Gobierno del PP no hizo nada. Y cuando Fernández de la Vega anunció su propósito en el Congreso hace unos meses, desde la bancada de este partido Mariano Trillo le respondió que «no estamos para planes de ese tipo: el único plan es la ley».