LAB sacará a la luz en los próximos días un Manual sobre Enfermedades Profesionales con el fin de «conocer para intervenir, intervenir para transformar». El trabajo, que cuenta con el apoyo del Instituto Navarro de Salud laboral, destaca que las enfermedades profesionales son las «grandes olvidadas» de la salud en el trabajo y recoge que existe un subregistro que alcanza «al 75%», es decir, que sólo se declara una de cada cuatro enfermedades de carácter laboral que se producen en el mercado de trabajo.

LAB atribuye esa dramática situación «a la falta de interés de las mutuas, servicios de prevención, del sistema sanitario público, los poderes políticos y las administraciones públicas competentes en esta materia». En noviembre de 2006 se publicó un nuevo listado de enfermedades profesionales, que sustituye al de 1978.

«Este cambio normativo era una necesidad si tenemos en cuenta todo lo que han cambiado en 28 años los procesos productivos, las sustancias que se aplican en la fabricación, entre otros cambios. Sin embargo, ese cambio legislativo no ha generado una mayor afloración de enfermedades relacionadas con el trabajo. Ha ocurrido todo lo contrario. Es por ello que LAB cree que se debe intensificar la labor sindical y de los trabajadores con el fin de desenmascarar esa ocultación.

En este sentido, el manual confirma la necesidad de que se adopte la demanda de la salud laboral desde una perspectiva colectiva, enfocada a que «no perdamos la salud o la vida en y por los puestos de trabajo, pero desde un sentido amplio, no únicamente que no me accidente, sino en la búsqueda de un estado de equilibrio y de bienestar físico, mental y social. Esto es, desde los aspectos físicos, higiénicos, ergonómicos y sicosociales». El manual hace referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el sentido de que se deben garantizar las condiciones de trabajo adecuadas, sanas y saludables para los trabajadores. Así, afirma que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales constituyen «la punta del iceberg en salud laboral». Porque, como expresa el manual, «existen problemas tan importantes como los anteriores, pero que debido al mayor subregistro se quedan en el olvido o simplemente no se tienen en cuenta. Son lo que la OIT denomina enfermedades relacionadas con el trabajo. Son todos los daños a la salud que tienen alguna relación con el trabajo, como única causa o relación con otras, y a que un problema de salud puede verse agravado o acelerado por el trabajo y, por lo tanto, es necesario actuar».

Entre el 20% y el 40% de las enfermedades que ocurren a nivel mundial están relacionadas con los puestos de trabajo. El 90% de las enfermedades declaradas son patologías musculoesqueléticas y se estima que hay diez veces más muertes por enfermedades laborales que por trabajo. LAB recuerda que los gobiernos de Lakua e Iruñea podrían tener un papel más activo en cuanto a la notificación a la autoridad laboral todos los daños a la salud de los trabajadores, que se podría utilizar de forma complementaria al existen- te a nivel estatal y «con una finalidad epidemiológica, para hacer hincapié en políticas preventivas adecuadas».

Qué hay que hacer

LAB especifica el procedimiento que se debe seguir. «El trabajador que sufra o sospeche de un problema de la salud en el trabajo debe acudir a la mutua para que se declare, en su caso, la enfermedad profesional correspondiente». Tiene la opción de «asistir directamete» a la Seguridad Social para solicitar su pronunciamiento al respecto para la correcta determinación del carácter profesional de la enfermedad. La tercera opción se basa en que el trabajador acuda a su médico de atención primaria o especializada de Osakidetza o Osasunbidea, «quien valorará si existen indicios de que la enfermedad pueda tener un origen laboral».

En este caso, el médico «emitirá el diagnóstico de sospecha del posible origen laboral y lo trasladará a la Inspección Médica del sistema sanitario público y contará con el apoyo de las unidades de salud laboral».

Si la dolencia o el accidente se produce por falta de medidas de prevención, puede haber un recargo de prestaciones del 30% al 50% al empresario.