El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere dar gran realce a la presentación de su primer Plan de Derechos Humanos, cuyo contenido adelantó GARA el pasado lunes y que ha sido recogido ya por otros muchos medios. De hecho, el proyecto verá la luz en los próximos días en Nueva York, ciudad que es sede central de la ONU. Sin embargo, organismos que trabajan contra la tortura en el marco estatal ya han expresado su completa desilusión por el contenido del proyecto, y constatan además que incumple las recomendaciones hechas recientemente por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Su posición ha sido recogida en dos documentos a los que ha tenido acceso GARA: una carta pública cuyo destinatario es el presidente del Gobierno estatal, Rodríguez Zapatero, y una serie de «comentarios» al borrador del plan trasladados a la vicepresidenta y máxima responsable del proyecto, María Teresa Fernández de la Vega. En éstas últimas se explica que el Plan de Derechos Humanos «acaba por convertirse más en una herramienta cuasi-represiva y/o penal que en un elemento de educación y refuerzo de los derechos humanos, pese a lo que se comenta en la introducción».

La Coordinadora recuerda que no produce la abolición del régimen de incomunicación, como había instado la ONU: «No entendemos la insistencia del Gobierno español en mantener esta figura -dicen estos grupos-. Los matices que se introducen no suponen ninguna modificación sustantiva: se siguen violando los mismos derechos y sigue existiendo un espacio que posibilita la tortura».

Entre otros detalles, preguntan por qué sólo se grabarán las detenciones incomunicadas y no las comunicadas. Y reiteran la necesidad de permitir la visita a los detenidos de un abogado y un médico de confianza, que tampoco aparece en el plan.

Una palabra tabú

Esta coordinadora, que agrupa a 44 colectivos de diferentes sensibilidades y procedencias, resalta también que no se cita la palabra «tortura», salvo en un título, «y ni siquiera se escribe al hablar de la supuesta `tolerancia cero' a las irregularidades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

En paralelo, reprochan que no se haga ninguna mención a las víctimas de la tortura. Y en este punto añaden que «no se entiende el porqué la atención a un tipo de víctimas (las víctimas del terrorismo) está desarrollada de manera mucho más extensa que otro tipo de víctimas, algunas a las que sólo menciona y otras a las que en ningún caso contempla».

En el aspecto procedimental, se quejan además de que el Gobierno las ha excluido de forma consciente. Censuran a Zapatero que si bien han participado desde el inicio en el proceso de consulta sobre el llamado Protocolo Facultativo y el denominado Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, finalmente el Gobierno ha esquivado su criterio al trasladar ambas figuras al seno de este Plan de Derechos Humanos de cuya elaboración han sido excluidos. Dicen que apuntaron que querían colaborar, «pero ni siquiera hemos tenido contestación».