El proyecto de reforma del Impuesto de Sociedades aprobado por la Diputación de Gipuzkoa, que rebaja el tipo general del 32,6% al 28% y la armonización con Bizkaia y Araba, superó ayer un primer trámite en las Juntas Generales, donde fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por EB y Aralar, que contaron con el apoyo de estos dos grupos, el rechazo de PNV y EA, y la abstención de PSE y PP.

No obstante, la sesión definitiva tendrá lugar el próximo día 18 de diciembre, cuando el pleno de las Juntas se volverá a reunir para aprobar o rechazar definitivamente el texto, que en principio sólo cuenta con el respaldo asegurado de PNV y EA, con lo que aún no está garantizado que salga adelante.

Arantza González, de EB, dijo que la reforma foral supondrá «una merma de 116 millones en las arcas forales» y defendió que el tipo general del impuesto se incremente hasta el 36%, mientras que la portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, pidió la devolución del proyecto al gobierno foral para que presente una «propuesta seria» que permita profundizar en el Estado de bienestar.

Por el contrario, la representante del PP, Regina Otaola, apostó por reducir hasta el 25% el tipo recogido en esta reforma.

Julio Astudillo (PSE) criticó que la Diputación «ni se haya molestado en hablar» con su grupo, a pesar de que todavía no tiene garantizada la aprobación de la reforma en el pleno del próximo día 18.

Impuesto de Patrimonio

La sesión de ayer también incluyó en su orden del día el debate de una propuesta de resolución de EB y Aralar relativa al mantenimiento íntegro del Impuesto de Patrimonio, que fue rechazada con los votos del PNV, EA y PP, y la abstención de PSE. Lo mismo ocurrió en las Juntas Generales de Bizkaia, en el que aprobaron en el pleno celebrado en la Casa de Juntas de Gernika la derogación del Impuesto sobre el Patrimonio instituido hace 30 años conjuntamente con el de las Personas Físicas.

En la sesión plenaria, también se aprobaron diversas medidas tributarias para 2009, que afectan tanto al IRPF como al Impuesto de Sociedades, con un coste de 147 millones de euros, con el fin de paliar los efectos de la crisis económica y financiera en las familias y las empresas.