El ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo ayer unas declaraciones en las que admitió que la dispersión de los presos y presas políticas vascas es una «política de Estado» que su Gobierno utiliza como «instrumento», acercando o alejando a los presos dependiendo de los intereses políticos del Estado en su «lucha contra el terrorismo». Es decir, que las personas presas son meros instrumentos para los objetivos políticos del ministro, independientemente de sus derechos.

Las palabras de Rubalcaba no asombrarán a la mayoría de la ciudadanía vasca más que por su obscena sinceridad. Es por todos conocido el proceder de los diferentes gobiernos españoles en esta materia, y tanto quienes la defienden como la mayoría de ciudadanos vascos que la denuncian saben que desde que la implantara el ahora Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, todos los gobiernos han utilizado a los presos y a sus familiares como rehenes. También saben -al menos todo aquel que haya querido oír- que esa política ha provocado diecisiete muertes de familiares y un coste humano, político y social difícilmente mensurable.

Paradójicamente, Rubalcaba realizó esas declaraciones en vísperas de hacer público el Plan de Derechos Humanos. Plan que pretende maquillar el terrorífico balance con el que diferentes organismos internacionales evalúan una y otra vez al Estado español en materia de derechos humanos. Simbólicamente, Rubalcaba eligió el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el 60 aniversario de la Declaración Universal. Ese texto formalizaba en términos contemporáneos la ética formulada, entre otros, por el fílósofo Inmanuel Kant. Autor del principio moral que reza «obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca meramente como un medio» y del tratado universalista «Sobre la paz perpetua», probablemente Kant no imaginó que dos siglos más tarde, en la otra punta de Europa, el Reino de España siguiese igual.