Este año, más que nunca, el lujo y el boato que han rodeado a los fastos del 30 aniversario, con el rey, el Gobierno y todas sus señorías a la cabeza, se habrá percibido con más intensidad y por más gente que nunca como un insulto a los millones de personas a quienes esta crisis económica ha dejado, o amenaza con dejar, sin casa y sin trabajo.

El pacto constitucional, aceptado por la izquierda institucional, basado en la supuesta garantía de derechos sociales como trabajo, vivienda, salud, educación, etc., a cambio de los cuales se aceptaba una democracia demediada (sin república, sin derecho de autodeterminación, con el Ejército garantizando la unidad de España...) se va percibiendo progresivamente como lo que fue: una enorme estafa, una gran extorsión y un gran pacto de silencio sobre los crímenes fascistas.

La percepción de que los supuestos derechos constitucionales al trabajo, a la vivienda, a la sanidad y educación públicas y de calidad... son menos que papel mojado está contribuyendo decisivamente a que diferentes generaciones, sobre todo las más jóvenes, y de forma creciente, se nieguen a ser rehenes de unos pactos en los que no participaron, que hipotecan su vida y su futuro, y que han beneficiado exclusivamente a las mismas oligarquías económicas de la dictadura y a los nuevos ricos surgidos de las privatizaciones de las grandes empresas públicas por parte de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP.

La rápida deslegitimación del sistema político articulado en torno a la Constitución de 1978 y a la Ley de Amnistía de 1977, producto de su incapacidad para resolver los problemas más acuciantes de las clases populares, explica la progresiva ruptura del pacto de silencio sobre al genocidio perpetrado por la dictadura.

Nuevas vías de encuentros entre la izquierda política coherente del Estado español y la izquierda abertzale deben ser exploradas. Como plantea la «Declaración de Corriente Roja en el 30 aniversario de la Constitución de 1978», «Este trigésimo aniversario constitucional coincide también con el quebrantamiento más intenso y más amplio de todo lo que se pueda llamar Estado de Derecho y que se inició con la votación de la Ley Antiterrorista de 1980, votada también por PSOE y PCE. El estado de excepción no declarado que se vive de forma cotidiana en el País Vasco y Navarra ha llenado las cárceles como nunca antes de dirigentes y militantes de la izquierda abertzale, de ciudadanos y ciudadanas, activistas de movimientos sociales que no han cogido un arma en su vida, mientras se multiplican las denuncias de tortura. Gentes que han pasado previamente por la ilegalización de cualquier forma de intervención política organizada.

»Para la clase obrera y los pueblos del Estado español es imprescindible identificar las claves del proceso histórico mediante el cual las clases dominantes y toda la estructura de poder -económico, judicial, policial, militar y de control de los medios de comunicación- del Estado franquista se perpetúan en la supuesta democracia. La continuidad de los aparatos de Estado, reproducidos por los diferentes gobiernos, ha sido indispensable para facilitar la realización del programa general del capitalismo imperialista español y extranjero».

Los poderes fácticos de las diferentes administraciones han seguido un mismo guión, en dos versiones: por un lado, la zanahoria, la cooptación de dirigentes y la generosa financiación de organizaciones sindicales y sociales con fondos públicos, y por otro el palo cuando la zanahoria no funciona, la ejecución de la más feroz represión, de manera destacadísima en el País Vasco y Navarra, convenientemente silenciada o distorsionada en los medios de comunicación con el objetivo de justificar el bloqueo permanente de cualquier solución democrática al conflicto vasco.

A pesar del diferente grado de desarrollo actual y de la comprensible desconfianza, alimentada por décadas en las que desde la izquierda integrada no llegaban más que piedras hacia el pueblo vasco, no es posible seguir ignorando la necesidad de abrir caminos de diálogo y de articulación de las luchas obreras y populares del Estado con las de las izquierdas independentistas del Estado español, que aborden de forma parcial y limitada los objetivos comunes.

Es preciso, creemos, empezar a hablar de un plan de acción conjunta, política y social, contra el régimen erigido en la transición sobre la Constitución de 1978 sobre los objetivos concretos coincidentes que sólo pueden abrirse camino con posibilidades de victoria aunando los esfuerzos de organizaciones de izquierda, independentistas y no independentistas, del conjunto de los pueblos del Estado español.