El pasado martes, el movimiento pro-amnistía anunció que el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz había admitido la aplicación del denominado «protocolo Garzón» a tres detenidos por la Guardia Civil en Irun un día antes. Este hecho llegó a ser noticia principal para algunos medios de difusión, que parecieron entenderla como un punto de inflexión en la práctica jurídico-policial habitual. Sin ir tan lejos, el movimiento pro-amnistía admitió que «es verdad que la verdadera aplicación de estas medidas puede ayudar a impedir la tortura», aunque alertó de que sólo suprimir la incomunicación es una garantía total. Lo mismo ha dicho el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Tres días después, los detenidos salían de este periodo de incomunicación y denunciaban ante el juez gravísimos maltratos, muchos de ellos de índole sexual, que apenas han llegado a la opinión pública pese a que la fuente era la misma que la del martes: el movimiento pro-amnistía. Torturaren Aurkako Taldea (TAT) concluyó ayer que el citado protocolo se ha convertido en un mero «lavado de cara». Y aportó un dato evidente: con las cinco del sábado, son ya 32 las personas que han denunciado torturas pese a aplicárseles teóricamente el protocolo.

«Secuestro» e informe inútil

Antes que nada, Aiert Larrarte y Ane Ituiño explicaron lo ocurrido en este caso. Destacan dos cuestiones: una, que el protocolo no se aplicó desde el mismo momento del arresto, sino prácticamente en mitad del periodo de incomunicación; y dos, que el juez no quiso recibir los informes del médico de confianza, en los que se exponía que estaban siendo torturados, hasta el final de la detención. Este dictamen se incluirá en la denuncia por torturas que TAT va a interponer ahora.

El colectivo anti-tortura denunció que los tres primeros detenidos (Ibai Egurrola, Xabier Gutiérrez y Amets Ladislao) estuvieron «secuestrados» durante día y medio, dado que no se supo nada de su situación. Y censuraron sobre todo a Pedraz que argumentara que no tenía obligación de recoger el informe médico mientras estuvieran incomunicados. Recalcaron que obviamente esta actuación anula cualquier eficacia del dictamen médico para impedir el maltrato mientras se está produciendo.

El protocolo al que Garzón dio nombre ha servido como base para el llamado Plan de Derechos Humanos aprobado el pasado viernes por el Gobierno español. Sin embargo, éste ni siquiera llega al nivel del protocolo, dado que el médico ni siquie- ra es nombrado por el detenido sino por el llamado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que creará y controlará la Administración.

Larrarte e Ituiño remarcaron la contradicción que constituye introducir estas medidas supuestamente garantistas al mismo tiempo que se mantiene la incomunicación, señalada por Europa y por la ONU como el caldo de cultivo que permite la tortura. Añadieron otro ejemplo: el Plan prevé que se elabore un protocolo para los análisis forenses cuando ya existe uno en una «Orden Ministerial de obligado cumplimiento» que data de 1997 y que no se lleva a la práctica. Por todo ello, subrayaron que el protocolo y el Plan no son más que un fraude.