Arkaitz Landaberea, June Villarrubia, Saioa Urbistazu y Julen Etxaniz, arrestados durante la madrugada del lunes en Pasai San Pedro y Donostia, continúan incomunicados en manos de la Guardia Civil y ni si quiera se les ha aplicado el denominado «protocolo de Garzón».

La defensa de los jóvenes solicitó la implantación de este protocolo nada más conocerse los arrestos, pero fue por la tarde de ayer cuando el magistrado de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno dio a conocer su negativa.

Concretamente, la petición de la defensa se basa en tres aspectos: la grabación de todos los interrogatorios; la posibilidad de que un médico de confianza visite a las personas detenidas, mientras se encuentran incomunicadas; y tener a las familias de los arrestados constantemente informadas de su situación.

Estas tres medidas componen el protocolo al que Garzón da nombre y que ha servido como base para el llamado Plan de Derechos Humanos aprobado el pasado 12 de diciembre por el Gobierno español. El mismo que la vicepresidenta del Ejecutivo de Madrid, María Teresa Fernández de la Vega, entregó en Nueva York al máximo responsable de la ONU, Ban Ki Moon. Y con el que alardeó que situará al Estado español «en la vanguardia» de la defensa de los derechos humanos, al nivel de Suecia o Noruega.

Esa misma petición es la que ha encontrado una negativa como respuesta tras la detención de Landaberea, Villarrubia, Urbistazu y Etxaniz.

Las abogadas de los jóvenes, Ainhoa Baglietto y Onintza Ostolaza, afirmaron a GARA que tras ser denegado el protocolo, pidieron al juez del tribunal especial la aplicación del habeas corpus.

Sin noticia alguna

Más allá de esta negativa, como suele ser la tónica general en este tipo de operaciones policiales, nada trascendió en torno a su estado o paradero.

La situación en la que se encuentran los cuatro detenidos está rodeada de un hermetismo y secretismo absolutos por parte de las autoridades españolas. Por contra, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sí salió ayer a la palestra para «revelar» ante la opinión pública el supuesto modus operandi utilizado por los arrestados, a los que acusa de «hacer seguimientos y recabar información para la organización armada vasca».

Por otro lado, las muestras de apoyo hacia los detenidos también se repitieron ayer. En el caso de Landaberea, por ejemplo, profesores e investigadores de la Facultad de Informática de la UPV, en la que él estudió, manifestaron su preocupación por el trato que pueda estar recibiendo incomunicado en manos de la Guardia Civil, a la vez que exigieron el respeto de sus derechos y de los demás detenidos.

Los trabajadores de GARA, diario en el que trabaja Landaberea, también se concentraron ayer en protesta por estas detenciones. En Donostia también realizaron una manifestación en denuncia por los arrestos.