La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, se escudó ayer en la Constitución española para argumentar que no puede hacer nada para atender a la demanda de los vecinos de Trebiñu, que piden la incorporación administrativa en Araba. Salgado, en respuesta a una pregunta del diputado jeltzale Emilio Olabarria, apuntó que «la segregación de enclaves debe surgir de la voluntad de ayuntamientos y comunidades autónomas», y que deben respetarse ambos requisitos para dar solución a este contencioso.