La magistrada del Juzgado número uno de Barakaldo ha rechazado sobreseer la causa contra cinco directivos de Babcock Wilcox entre 1997 y 2001 y el director de Aguas del Gobierno de Gasteiz, por un presunto delito ecológico por almacenar pesticida lindane en las instalaciones de la empresa en Sestao.

La jueza, cuyo auto fue difundido ayer por la acusación del caso, la asociación ecologista Lur Maitea, ha desestimado los recursos interpuestos por los abogados de la defensa contra el auto del 12 de mayo, que dictó seguir con las diligencias previas de la causa. Asimismo, ha rechazado la petición de sobreseimiento y archivo de la causa, lo que también había solicitado la Fiscalía.

La jueza ha considerado que «procede la continuación del procedimiento penal por los trámites del procedimiento abreviado por existir con base en la prueba practicada indicios racionales de la comisión de los citados delitos (ecológicos)».

La magistrada ha argumentado que, en atención a la documentación unida al caso, «no puede válidamente sostenerse el alegado escrupuloso cumplimiento de la legalidad» por parte de los imputados.

En concreto, la jueza se ha remitido a un informe de la Unidad Central Operativa Medio Ambiental (UCOMA) del año 2001, que señala que el «depósito» de lindane en las instalaciones de Babcock en Sestao presentaba un estado de «cuasi abandono, evidenciando una negligencia en la vigilancia sobre su estado». Además, el auto ha considerado que las inspecciones al citado «depósito» carecían de «una diligencia adecuada a la peligrosidad latente de las materias depositadas».

La jueza también ha censurado la actitud de Lakua, que aprobó «las condiciones del depósito» pese a su «parcial incumplimiento en materia de rastrillado y falta de retirada de escombros, sin que conste requerimiento alguno para que se subsane dicha deficiencia».

Ha afirmado, además, que en el caso del director de Aguas del departamento de Medio Ambiente, Tomás Epalza, «de las diligencias previas derivan indicios de presunta prevaricación básicamente omisiva».

La magistrada ha destacado la cercanía del «depósito» al río Galindo y ha considerado que «hay indicios racionales de haberse generado un riesgo objetivo y grave de propagación y contaminación», que «podría repercutir sobre la salud de las personas», según el informe de la UCOMA citado en la resolución.