La gran mayoría de los agentes sociales y sindicales saludaron ayer la decisión del Parlamento Europeo de rechazar la directiva que hubiera permitido ampliar la jornada laboral hasta las 65 horas. De esta manera, la Eurocámara desautorizaba a los ministros de Trabajo europeos en sus pretensiones de flexibilizar el horario laboral y lo hacía con el respaldo de más de 500 votos, muy por encima de los 393 que suponían la mayoría absoluta y superando incluso las expectativas más optimistas de los detractores de la polémica directiva ahora en suspenso. No obstante, la decisión adoptada ayer no significa la paralización definitiva de la directiva. A partir de ahora se abre un periodo «de conciliación» de 90 días en el que los gobiernos, la Eurocámara y la Comisión Europea abordarán un proceso de negociación para intentar acercar posturas. La contundencia de la decisión de la Eurocámara debería pesar de forma definitiva en este nuevo periodo que ahora se abre, aunque nunca sobran las cautelas ante las previsibles maniobras de quienes no están acostumbrados a aceptar un no por respuesta. Pero no terminan ahí las incógnitas. Queda por saber qué ocurrirá con el opt-out o excepción al límite legal máximo de 48 horas, a la que desde 1993 se acogen países como Gran Bretaña para, de hecho, permitir alcanzar las 78 horas semanales.