Tres meses después de consumar su ilegalización, el Tribunal Supremo español abrió ayer el proceso de liquidación patrimonial del histórico partido abertzale EAE-ANV y de EHAK. En concreto, ha decretado el embargo de los saldos existentes en cuentas corrientes, de ahorro y créditos, así como el de todas las subvenciones que les correspondan, ya sean estatales, autonómicas o locales.

También embarga cuantos derechos, bienes o participaciones puedan tener en instituciones de ahorro o cualquiera otros de carácter inmobiliario. De ello se encargarán tres liquidadores que serán nombrados de entre los seis funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado que proponga la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La Sala del 61 -tribunal que decretó la ilegalización- se dirige además al juez Baltasar Garzón para que le facilite la relación de bienes y derechos inter- venidos o embargados ya a ANV y EHAK en el proceso paralelo de la Audiencia Nacional.

La otra cuestión abordada por el Supremo es la disolución de los grupos formados por los electos de estos partidos, que de hecho ya ha sido ejecutada por muchos ayuntamientos. Por el momento, el TS da diez días de plazo a los grupos municipales ekintzales y al parlamentario de EHAK para que opinen sobre la petición de disolución hecha por la Abogacía del Estado.

EA expresó su «disconformidad» con esta decisión judicial. Su portavoz, Mikel Irujo, habló de «auténtica aberración política» y defendió que a los partidos «los legalizan o ilegalizan los ciudadanos en las urnas; no se puede ir en contra de principios y derechos básicos, como el de la participación política».