Los dos dictámenes salidos de las comisiones parlamentarias de investigación que buscaban aclarar las irregularidades surgidas en torno al Guggenheim de Bilbo y el futuro museo Balenciaga de Getaria obtuvieron ayer el apoyo del pleno, aunque con notables diferencias. El informe que critica la dejación en la gestión de la sociedad Berroeta-Aldamar, la insuficiente actuación de la Dirección de Patrimonio de Lakua y la gestión nada profesional de la Fundación Balenciaga consiguió salir adelante con unanimidad. Sin embargo, el PNV y EB se posicionaron en contra del otro caso en el que se apunta la falta de capacidad profesional y de control de trabajo del director del Guggenheim de Bilbo, Juan Ignacio Vidarte, así como la falta de celo en su función de control de los Consejos de Administración por parte de Miren Azkarate.

La sesión de inició con el trabajo en torno al museo Guggenheim, en el que se buscaba esclarecer la compra fallida de dólares, que se saldó con pérdidas de más de 8 millones de euros -tal y como aprobó ayer la Cámara-, y la falta de mecanismos de control que hicieron posible el desfalco llevado a cabo por el ex director de finanzas Roberto Cearsolo y que superó los 550.000 euros. El demarque de las posiciones mayoritarias lo protagonizaron el PNV y EB. Leire Corrales, como portavoz de los jeltzales, aseguró que tanto en la Sociedad Inmobiliaria como en la Tenedora del museo «existen y han existido procedimientos que garantizan el correcto control de su operativa». Es más, en su intervención criticó la labor de la comisión de investigación, a la que acusó de «juzgar sin ningún tipo de rigor la profesionalidad» de los implicados, para sentenciar que se trataba de un «proceso inquisitorial». EB, por su parte, criticó el modelo de sociedades que gestionan el museo, aunque aseguró que no existían responsabilidades personales, ya que consideran que los hechos hubieran sido los mismos «hubiese estado la persona que hubiese estado», según José Miguel Lopez de Uralde.

EA señaló el objetivo de establecer cómo deben gestionarse en un futuro las sociedades con funciones públicas y argumentó su voto favorable al dictamen en el respeto que deben a la sociedad. Ezker Abertzalea denunció la corrupción que se deriva de los hechos investigados y destacó la necesidad de aclarar las responsabilidades, sobre todo, desde un punto de vista político. El grupo popular, además de abogar por una reforma de las sociedades instrumentales, defendió su voto particular para que se renueven los Consejos de Administración, extremo que acabó saliendo adelante. Isabel Celaá (PSE) protagonizó una intervención muy crítica, en la que aseguró que el Guggenheim «ha sido un museo público a la hora de ingresar dinero y privado a la hora de responder al control».

Dictamen Balenciaga

Las acusaciones directas se rebajaron en el segundo pleno monográfico, el que trataba las irregularidades del futuro museo Balenciaga. El principal punto de desacuerdo fue determinar la responsabilidad de la Fundación Balenciaga -como iniciadora del proyecto y bajo cuya responsabilidad estaba la gestión mientras se produjeron las principales irregularidades perpetradas por Mariano Camio- o de la sociedad Berroeta Aldamar , que se constituyó en el 2005 para ejecutar la segunda parte del proyecto y que subrogó los contratos de la fundación sin comprobar sus contenidos.

El PSE defendía en su alegato que el Parlamento de Gasteiz sólo tiene jurisdicción de control sobre el Gobierno Vasco y instituciones de nivel inferior, con lo que no correspondería a la Cámara controlar la actuación del Ministerio de Cultura (miembro de la Fundación). Desde el PNV, sin embargo, emplearon los 20 minutos asignados a cada grupo para su primera defensa a ofrecer detalles sobre el funcionamiento de la fundación y la carencias que permitieron a Camio hacer y deshacer sin que las sospechas despertadas en el patronato llegaran más allá. El comisionado jeltzale, Luke Uribe-Etxeberria, no abordó más que por encima la gestión de la sociedad Berroeta-Aldamar (compuesta por el Gobierno de Lakua, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Getaria, todas ellas en manos del PNV).

Recomendaciones

La mayoría de intervenciones volvieron a sacar a la luz la necesidad de reformular el sistema de sociedad que gestionan los bienes culturales públicos. De hecho, en el apartado de recomendaciones, donde se busca que casos como estos no se vuelvan a repetir, coinciden los dos dictámenes que se aprobaron ayer. De esta forma, tal y como acordó ayer la Cámara, «las sociedades con participación pública, pero en las que ninguna institución supere el 50% de participación, deberán ser controladas por la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y por la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi». También aluden a que este tipo de sociedades deberán tener los mecanismos de control y seguimiento económico financiero que ejercen las Administraciones públicas sobre sus sociedades. Así las cosas, se debería cambiar el reglamento que permite a las sociedades, donde alguna administración no supera el 51%, quedar exentas de auditorías.

La sesión de ayer, por lo tanto, fijó las responsabilidades políticas, aunque no parece que se vayan a derivar consecuencias inmediatas. Las causas penales de ambos casos continúan en manos de la Fiscalía -están imputados tanto Cearsolo por el Guggenheim, como Camio, Argilagos y Paciel por Balenciaga-. Por último, habrá que ver en qué tipo de reformas se traducen las recomendaciones sobre el sistema de sociedades instrumentales.