En los casos Guggenheim y Balenciaga las certezas de descontrol sobre el mal hacer de sus mangoneadores en jefe -Roberto Cearsolo y Mariano Camio- son tan patentes, que los hechos apenas admiten discusión, salvo algunas diferencias contables que en nada afectan al fondo.

Por eso el PNV, que ha decidido motu proprio asumir como suyos ambos escándalos en lugar de buscar distanciarse de los mismos, eligió como estrategia de defensa la del calamar asustado: crear una cortina que sirva de elemento de distracción sobre el fondo de los casos, tratando de presentarlo todo como un ardid preelectoral de la oposición -conchabada en esta ocasión con un socio traidor- destinado en exclusiva a manchar el buen nombre del PNV.

Desde las más altas instancias del Gobierno de Lakua se había ido calentando el tema como si se tratara únicamente de una campaña de linchamiento contra la consejera de Cultura y portavoz, Miren Azkarate. Ayer, con perfecto control de la escenificación, el lehendakari la sentó a su derecha, en el escaño que habitualmente utiliza la vicelehendakari, que a su vez se acomodó en el asiento de Azkarate. Además, prácticamente todos los altos cargos del Departamento acudieron a la sesión. Y para que no hubiera ninguna duda del apoyo personal de Ibarretxe, también su esposa estuvo presente en la tribuna de invitados, algo que hasta la fecha sólo ocurría en las sesiones de investidura y en los plenos de trascendencia histórica. Joseba Azkarraga, de EA, fue el primero en darle la mano al final, marcando distancias con el voto de su partido, y al poco llegó raudo Javier Madrazo, de EB, para estamparle dos besos en las mejillas.

Lo que el Gobierno limitó al terreno de los gestos, lo concretó desde el atril de oradores la jeltzale Leire Corrales al presentar directamente a la Comisión de Investigación del Parlamento como un tribunal inquisitorial que durante las dieciocho comparecencias de testigos o inculpados sólo escuchó lo que quiso escuchar para hacer públicas una conclusiones que tenía escritas de antemano.

Con esta estrategia -que es un desprecio al Parlamento- el PNV acabó dibujando en la forma y en el fondo el retrato de un partido ligado al poder que nunca da su brazo a torcer, hasta el punto de defender lo difícilmente defendible, imagen que a la postre no pudo corregir votando -a regañadientes y por tacticismo- a favor del dictamen de la Comisión de Investigación del caso Balenciaga. Era tarde para la ciaboga.

Cuando el PNV dice que Roberto Cearsolo ha devuelto el 80% de lo robado, da la impresión de estar restando importancia a su delito y, por ende, de prestarle algún tipo de apoyo. Y cuando en el mismo discurso ensalza la gestión de la consejera de Cultura, Miren Azkarate, y del director general de Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, contribuye a enredar la madeja, haciendo un flaco favor a sus defendidos. Cuando el PNV habla de los chanchullos del «vicepresidente ejecutivo, gerente, presidente de la Comisión Ejecutiva y director general del Museo» Balenciaga, pero obvia llamarlo por su nombre, Mariano Camio, alcalde durante dieciséis de Getaria por el PNV, y cuando dedica todo el tiempo de su discurso a hablar de la Fundación en la que estaba el Ministerio de Cultura, pero no dice ni una palabra de la Sociedad Berroeta Aldamar, formada por Lakua, la Diputación y el Ayuntamiento, vuelve a dar la impresión de estar más en una estrategia de defensa que de búsqueda, determinación y purga de las responsabilidades.

Porque resulta llamativo que la consejera de Cultura, Miren Azkarate, no tenga empacho alguno en reconocer que tanto en el museo Guggenheim como en el Balenciaga sus gestores políticos e institucionales han cometido errores, añadiendo que «no me va a temblar el pulso para valorar de qué calibre son los errores cometidos y a qué actitud me tiene que llevar eso», pero eso después carezca de cualquier traducción práctica.

Ayer la amplia mayoría del Parlamento -48 votos frente a 25- señaló que el consejo de administración de la Sociedad Tenedora del Guggenheim, que preside Miren Azkarate, es «responsable de falta de celo en su función de control de la actuación de su gestor máximo, de avalar actuaciones de éste con resultados contrarios al interés de la Sociedad, y de relajar su atención al manejar los recursos públicos por parte de empleados y gestores». Las acusaciones son prácticamente calcadas en el caso de la Sociedad Berroeta-Aldamar del Balenciaga. Y cuatro grupos, que suman 43 escaños, le pidieron a Azkarate de palabra que dimitiera. Sin embargo, la consejera asegura que «ni el clima que he percibido, ni la actitud del lehendakari ni de los consejeros, ni todas las muestras apoyo confianza y animo que he recibido, me hacen pensar que tenga motivos para presentar la dimisión». Es esa una manera curiosa de entender la asunción de responsabilidades políticas. El Parlamento, encargado de controlarme, me pide que dimita -si bien es cierto que sin una moción formal de censura- pero como los míos, aunque sean los menos, me avalan, me quedo.

La cuestión de las responsabilidades de los gestores públicos por «errores» que cuestan millones a la ciudadanía está muy mal resuelta en la legislación actual y la presencia en consejos de administración es tomada por éstos como una cuestión honorífica, más que como una labor ejecutiva. Por eso algunos parecen creer que todo puede solucionarse con una petición de disculpas y el reconocimiento de la equivocación, es decir, entienden que la confesión les exime de cualquier tipo de penitencia.

Esta es la lección que debe extraerse en estos dos casos, tan iguales entre sí en cuanto a las responsabilidades públicas se refiere. Por un lado, es preciso acabar con la creación de sociedades interpuestas cuyo único objetivo es «privatizar» entes públicos para que se relaje o hasta se haga imposible el control sobre ellos. Por otro, cuando la creación de entidades parapúblicas sea imprescindible, sus gestores han de adquirir un compromiso completo como gagates de recursos públicos.

Y, por último, no cabe escudarse en el interés general de un proyecto o en la necesidad de mantener su buen nombre, para considerar toda petición de responsabilidades como un ataque frontal el proyecto y buscar la impunidad de sus gestores.