La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado en 17 sentencias hechas públicas ayer, los recursos que habían presentado las comunidades autónomas de La Rioja, Castilla-León y el sindicato UGT de La Rioja contra diversas normas fiscales vinculadas a la regulación del Impuesto de Sociedades.

El TSJPV aduce las mismas explicaciones que dio el Tribunal de Luxemburgo en una cuestión prejudicial promovida por el tribunal vasco, en la que se afirmaba que el sistema de autonomía fiscal de la CAV permite dictar medidas tributarias diferenciadas del Estado.

Entre los recursos desestimados se encuentran los que cuestionaban las normas que determinaban tipos impositivos del Impuesto sobre Sociedades en el 32,6% y el 32,5%, vigentes en años anteriores, y el actualmente en vigor del 28%.

Las resoluciones coinciden en que los territorios forales tienen capacidad para regular los impuestos que deben pagar las empresas, «sin perjuicio de que los excesos en el ejercicio competencial puedan llevar a la calificación como ayuda de Estado y requerir la autorización de la Comisión», si bien el Tribunal no aprecia esa situación en los casos que ha enjuiciado.

Los recursos que plantearon las comunidades de La Rioja y Castilla-León pedían la anulación de las normas fiscales vascas al entender que los tipos fijados en el Impuesto de Sociedades, más bajos que los del resto de las comunidades, constituían ayudas de Estado y reclamaban que se anularan porque generaban «un efecto llamada» para empresas ubicadas fuera de la CAV.

El pasado mes de setiembre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a instancias del propio TSJPV, sentó las premisas y criterios generales en los que se ha apoyado el tribunal vasco para establecer que los territorios históricos «gozan de autonomía suficiente para dictar esas normas y están facultados para adoptar disposiciones tributarias que difieran» de las del resto del Estado.

Además, el TSJPV añade que «el País Vasco opera como fiscalmente responsable de sus políticas tributarias, asumiendo las repercusiones que de una menor recaudación puedan derivarse en la limitación del gasto público. De esta forma, aclara que el sistema fiscal no cuenta con mecanismos para que el Estado español compense ese déficit y descarta que el Cupo cumpla esa función, ya que se determina sin la menor consideración a lo que los territorios históricos hayan obtenido por vía de los ingresos.

Las diputaciones piden blindaje

Tras conocer las sentencias, el Gobierno de Lakua dijo que espera que el PSE y el PP convenzan a sus «correligionarios» de Castilla y León y La Rioja para que dejen de recurrir la fiscalidad vasca.

Los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa mostraron su satisfacción pero reclamaron el blindaje de las normas fiscales. «Con la desestimación de los recursos se confirma la legalidad del Concierto Económico al reafirmarse la autonomía fiscal vasca. No obstante, es preciso insistir en la necesidad de establecer el blindaje jurídico de las normas forales vascas para que sólo puedan ser recurridas por el Estado ante el Tribunal Constitucional», manifestó el diputado general alavés, Xabier Agirre. La Diputación de Bizkaia consideró que la decisión contribuye a «crear el necesario clima de seguridad jurídica y de estabilidad normativa» que necesitan las empresas. «Es una buena noticia para nuestro sistema de autogobierno, de régimen de Concierto. Es un paso más en la línea que el propio Tribunal de Luxemburgo marcó en su día y que viene a confirmar nuestro sistema de autogobierno, nuestra autonomía fiscal y económica«, destacó el portavoz del Ejecutivo guipuzcoano, Eneko Goia. Confebask coincidió en que el TSJPV ha reconocido «la plena vigencia normativa de las instituciones vascas», lo que juzgó especialmente importante en estos momentos de crisis y mostró su esperanza en que suponga «el abandono definitivo de la judicialización».

Decidirá el Supremo

Sin embargo, eso no va a ocurrir. El Ejecutivo riojano buscará obtener un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre los tipos impositivos, manteniendo que son contrarias al derecho comunitario y nacional y que perjudican gravemente los intereses de La Rioja. El Gobierno riojano presentará el recurso de forma conjunta con la Junta de Castilla y León.

La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, declaró que la situación que se produce con la rebaja fiscal es una «tomadura de pelo» que el Gobierno español ampara al considerar que el Gobierno de Lakua tiene autonomía en materia fiscal.

En opinión de Del Olmo «el Cupo vasco no es más que una subvención encubierta» del Estado, por lo que pidió al Gobierno «que armonice de una vez» el tipo fiscal que se aplica a las empresas en el Estado español. Igualmente, UGT de La Rioja y la Federación de Empresarios Riojanos, (FER) recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo.