La segunda jornada de ataques aéreos israelíes contra la franja de Gaza dejó ayer un nuevo reguero de sangre, y son ya más de 280 muertos y centenares de heridos los que suma la población civil palestina. Además, a medida que transcurría la jornada aumentaba la amenaza de una incursión terrestre del Ejército judío, después de que éste concentrara numerosos tanques y tropas en la frontera con el territorio ocupado y el Gobierno llamase a filas a 6.500 reservistas. Mientras tanto, en las calles de Gaza, el dolor, la rabia y la impotencia desembocaban en clamor popular de venganza en el transcurso de los funerales por los fallecidos en los bombardeos.

La masacre causada por los misiles israelíes ha provocado numerosas reacciones de la comunidad internacional, que coinciden en reclamar el cese de las hostilidades en la zona en un llamamiento que, no obstante, se esfuerza por situarse en la equidistancia, como si la responsabilidad de lo ocurrido fuese compartida a partes iguales entre israelíes y palestinos. Unas reacciones que, además de instalarse en una indigna tibieza, llegan demasiado tarde y culminan una vergonzosa actitud de pasividad ante la intensa campaña que la diplomacia judía ha estado desarrollando en los últimos meses en el ámbito internacional para allanar el camino de la agresión masiva que ahora se ha abierto con atroces resultados, y que aún se desconoce cómo y cuándo se cerrará.

El pueblo palestino se enfrenta indefenso a una estrategia bien urdida por Israel, que aprovecha su poder económico y su poderosa influencia mundial para transitar con impunidad por la sangrienta senda que abriese Estados Unidos, su eterno aliado, con las invasiones de Irak y Afganistán. Una estrategia a la que Europa no es en absoluto ajena: no hay que olvidar que la Unión Europea incluye desde 2003 a Hamas en la lista de «organizaciones terroristas», lo que ha proporcionado otra sólida coartada al Ejecutivo sionista para lanzar sus ataques. Como tampoco lo es la ONU, que en pleno 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos demuestra sus férreas servidumbres y una recalcitrante incapacidad para resolver un conflicto que dura ya cuatro décadas.