PNV y PSE aprueban los presupuestos y confirman su sintonía preelectoral
Un día después de que el diputado Ramón Jáuregui lanzara la hipótesis de un pacto postelectoral entre PNV y PSE, ambos partidos mostraron su sintonía actual para sacar adelante los presupuestos de Gasteiz en un debate anodino. Antes, además, fue el portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, quien confirmó que no descartan gobernar con los jeltzales, aunque siempre que el lehendakari sea Patxi López.
GARA |
En vísperas de unas elecciones en las que sus candidatos pugnarán por el sillón de Lehendakaritza, PNV y PSE no tuvieron problema alguno en aprobar conjuntamente los presupuestos del Gobierno de Juan José Ibarretxe. La Cámara de Gasteiz fue el último escenario en el que se materializó el acuerdo general de «cambio de cromos» que ha supuesto un apoyo mutuo en el Congreso español, las Juntas Generales, el Parlamento de Gasteiz y muchos ayuntamientos vascos.
Diversos intervinientes en la sesión remarcaron esta sintonía mutua y apuntaron a que podría continuar también después de los comicios. Se trata de una hipótesis que ya hizo explícita el domingo el diputado del PSOE Ramón Jáuregui, cuando dijo que estima factible que se produzca un pacto con los jeltzales, independientemente de quién gane en las urnas.
Antes de acceder al Salón de Plenos, en una entrevista a Radio Euskadi el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, matizó esa tesis. Afirmó que su partido no descarta a día de hoy «ninguna opción de gobierno con ningún partido democrático», pero sobre una premisa: que el lehendakari sea su líder, Patxi López.
Para Pastor, resulta deseable que el próximo ejecutivo de Ajuria Enea sea «compartido y de consenso». En esta línea, argumentó que «no es momento de hablar de gobiernos con el PP, ya que no estamos para repartir viejas estrategias, ni de frentes, ni de trincheras, ni de unos contra otros». «No queremos refundar el país -añadió el portavoz del PSE-. Queremos poner en marcha un nuevo gobierno, a ser posible con el acuerdo de todos, un gobierno compartido en el que todas las sensibilidades puedan tener cabida».
Rechazo plural
Pastor justificó su apoyo a los presupuestos del tripartito de Lakua apuntando que en tiempos de crisis «hay que arrimar el hombro y se demuestra la talla política de un partido».
Desde el Gobierno se agradeció este apoyo. La vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, resaltó que es importante que en este momento se disponga de un proyecto «que insufla recursos públicos a la economía».
El presupuesto para 2009 asciende a 10.487 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5%, y tiene como nove- dad un endeudamiento de 300 millones de euros netos, es decir, doce veces más de lo aprobado hace ahora un año.
El resto de formaciones criticaron el plan desde perspectivas muy diferentes. Así, Itziar Basterrika, de Ezker Abertzalea, acusó a Lakua de consagrar el actual modelo jurídico-político y defendió la paralización de grandes obras como el TAV, del que recordó que se basa en dos conceptos: «La imposición y la destrucción». Ricardo Gatzagaetxeberria, del PNV, le replicó que este macroproyecto cuenta con el aval del 80% de la Cámara.
Aralar explicó que no apoyaba este presupuesto porque ha sido el PSE el que le ha dado luz verde «de forma gratuita», de modo que el Gobierno tripartito no se ha visto abocado a negociar con otros posibles socios. Aintzane Ezenarro votó en contra afirmando que en esta legislatura se han quedado por el camino proyectos como la re- forma de los modelos lingüísticos, la Ley de Vivienda o las recomendaciones sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
El PP, por su parte, acusó a los jeltzales y al PSE de haber mantenido un auténtico «pacto de legislatura» tras el que ha aumentado el número de ciudadanos que necesitan ayuda social o no tienen empleos dignos. Criticó además el endeudamiento previsto y echó en falta más inversión real.
Por lo que respecta a los grupos que acompañan al PNV en el Gabinete de Ibarretxe, Nekane Alzelai (EA) aseguró que el presupuesto mantiene el gasto social pese a la situación de crisis económica global que hubiera podido llevar a caer en otras «tentaciones». Y Antton Karrera, de EB, matizó que la crisis tendrá que ser superada con «decisiones políticas» entre las que enmarcó los presupuestos aprobados ayer.
Por 46 millones
Formalmente, el acuerdo político de fondo ha sido «vestido» con la aceptación de enmiendas introducidas por el PSE cuyo valor total era de 46,2 millones de euros, es decir, apenas un 0,4% del montante global de este proyecto presupuestario.
Con esta aprobación se cierra el ciclo de la legislatura 2005-09, en la que el PSE se ha convertido siempre en el bastón para que el Gobierno de Ibarretxe sacara adelante sus presupuestos. En cuatro años se han alcanzado otros tantos pactos. En esta ocasión, además, se ha insertado en un paquete global de consensos firmado en Madrid.
Desde la tribuna de la Cámara, la dirigente del PSE Joana Madrigal defendió que su apoyo al proyecto del PNV hace que el debate actual se centre «en la Euskadi real y no en los planteamientos soberanistas».
El impulso al TAV es uno de los pilares del presupuesto aprobado ayer, y la denuncia fue efectuada tanto por Ezker Abertzalea desde la tribuna como por AHT Gelditu! Elkarlana desde la calle. En una concentración, sus miembros instaron a parar las obras y reclamaron que el dinero que se va a destinar al cuestionado macroproyecto sea derivado para gasto social.
La coordinadora habló de «enorme derroche de recursos públicos» en vista de los 549 millones de euros calculados para la «Y vasca» en un momento en que «otros sectores de actividad y otros necesidades sociales como vivienda, educación o salud quedan sin cubrir. Por cada kilómetro de TAV, absolutamente innecesario y antisocial, se podrían adquirir más compromisos sociales y afrontar las consecuencias directas que se están empezado a sufrir como consecuencia de la crisis». Recordaron que se trata de «la mayor y más cara infraestructura jamás proyectada en nuestro país», ya que rondará un coste de 9.000 millones de euros entre la «Y» y el llamado «corredor navarro».
Ese gasto, añadieron, es equivalente al coste de 99.530 viviendas nuevas «del tipo edificado en alquiler social» o la rehabilitación de 200.000, con lo que se eliminaría el problema de la vivienda. «O se podrían asegurar servicios sociales para toda la población, o una sanidad digna, o unas prestaciones dignas por encima del umbral de la pobreza, o se podrían destinar a potenciar la cultura y el euskara, o un modelo de educación propio y no sexista», añade la valoración de AHT Gelditu! Elkarlana ante este proyecto.
La querella presentada por Ezker Abertzalea contra la decisión de Izaskun Bilbao de no pagarle las subvenciones, adelantada por GARA, fue el otro gran tema del día en el Parlamento de Gasteiz. Sus parlamentarias comparecieron juntas ante los medios para confirmar la iniciativa judicial y reivindicar su derecho a ser tratadas como cualquier otro grupo.
Nekane Erauskin detalló que han optado por acudir a los tribunales ahora después de confirmar que el Supremo español, el pasado lunes, daba un plazo de diez días a los grupos municipales y parlamentarios de ANV y EHAK antes de tomar una decisión sobre su situación. De esto se desprende con claridad que no hay dictamen judicial sobre los grupos, y que la presidenta del Parlamento no tiene base legal, por tanto, para adoptar esta medida.
Erauskin indicó que la única explicación que han recibido de Izaskun Bilbao ha sido verbal, y ha consistido en argumentar que se trata de una medida «cautelar».
Las parlamentarias de la izquierda abertzale insisten en que es una «decisión política» y no judicial, toda vez que «hasta ahora no hay ninguna sentencia contra este grupo parlamentario», aunque sí la haya contra el partido EHAK, ilegalizado por el Tribunal Supremo en setiembre.
«Si el resto de grupos recibe estas subvenciones mensuales, el nuestro también tiene derecho», insistió Erauskin.
El PSE mantuvo la enmienda para tratar de eliminar las subvenciones de 225.081 euros previstas para los desplazamientos de las familias de los presos dispersados. El PP le apoyó, pero eso no fue suficiente para revocarla.
