Arnaldo Otegi compareció en rueda de prensa en Bilbo junto al parlamentario del Sinn Fein en Stormont Alex Maskey, que acudió al inicio de la vista oral en calidad de observador, para valorar un proceso del que dijo que no se desarrolla en términos jurídicos. El dirigente independentista incidió en que la vista oral que se retomará el lunes es «un intento de ajuste de cuentas al último proceso de negociación y, fundamentalmente, a la izquierda abertzale».

El político elgoibartarra quiso dejar muy claro que lo que se busca con la causa contra él, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Juan Joxe Petrikorena, Olatz Dañobeitia, Juan José Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares «es imposibilitar una salida pacífica y democrática al conflicto político que enfrenta a Euskal Herria con el Estado español». Es más, añadió que lo que está en tela de juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) es «la naturaleza profundamente antidemocrática del Estado español, que es capaz de habilitar procesos jurídicos que llevan a interlocutores que, apenas hace dos años, estábamos sentados en una mesa de negociación intentando resolver el conflicto en términos pacíficos y democráticos».

El fin último perseguido, alertó Otegi, sería «la neutralización de la interlocución de la izquierda abertzale» para impedir otra negociación. Entre los instrumentos para lograr tal objetivo, citó la Ley de Partidos y la persecución judicial permanente contra el independentismo vasco, recordando que los cuatro compañeros que el jueves compartieron banquillo con él están encarcelados desde hace meses por esa misma estrategia represiva. Más tarde recordó que él mismo fue encarcelado al poco de conocerse públicamente que el proceso de negociación se había ido al traste.

Así, rememoró que «cuando se inició aquel último intento negociador para buscar una salida pacífica y democrática del conflicto hubo numerosas asociaciones, partidos y parte de la judicatura que intentaron torpedearlo».

Otegi tampoco ocultó su sorpresa porque «ahora todo el mundo está orgulloso, al parecer, de resolver los conflictos en términos de negociación y diálogo». Confesó su alegría con reservas, toda vez que ese mensaje no se refleja en el panorama político actual de persecución al independentismo.

«El objetivo es negar una solución pacífica y democrática al conflicto y para eso hace falta neutralizar o intentar neutralizar a la izquierda abertzale como interlocutora política cuando todo el mundo sabe, incluido el Estado, que no hay posibilidad alguna de buscar una solución sin hablar con la izquierda abertzale, como es evidente que tampoco la puede haber sin hablar con los socialistas, con los nacionalistas vascos u otras sensibilidades», manifestó. Entre los agentes políticos que aclaró deberán participar en un futuro proceso, citó también al PP, del que dijo «que se autoexcluye de este tipo de dinámicas».

En su alocución, no perdió la ocasión de reivindicar un planteamiento histórico de la izquierda abertzale, como es la necesidad de dar solución al conflicto en términos democráticos. Para ello, reiteró el compromiso «personal y político» de la izquierda independentista.

A Otegi se le preguntó también sobre el cambio de estrategia de la defensa de Juan José Ibarretxe, la novedad principal de la primera sesión del juicio. Al respecto, el político de Elgoibar comentó a los numerosos periodistas que acudieron a su comparecencia en un hotel de la capital vizcaina que el letrado del lehendakari «pretendió dar a entender que había en marcha un proceso judicial que lo que buscaba es erosionar la figura de Ibarretxe y que, por lo tanto, el propio lehendakari tendría interés en demostrar que lo que había hecho no era un delito».

A pesar de ello, reiteró que «no estamos en un juicio que se esté celebrando en términos jurídicos» y que «el objetivo último es neutralizar y deslegitimar a aquellas personas inde- pendentistas y de izquierdas que defienden desde hace décadas una solución pacífica y democrática al conflicto vasco. Antes, Arnaldo Otegi había defen- dido una vez más que todos los agentes deben «habilitar un acuerdo que posibilite que todos los proyectos políticos puedan ser materializables por vías pacíficas y democráticas, y ése es el sentido de la negociación y del acuerdo», subrayó.