«La vulnerabilidad provocada por un incorrecto funcionamiento y falta de organización, control e instrucciones claras en el Servicio de Recaudación, junto a la debilidad de los mecanismos de control interno de la Diputación foral han podido favorecer» la comisión del fraude a la Hacienda de Irun, según considera la comisión de investigación de las Juntas Generales de Gipuzkoa.

La comisión, creada hace un año y en la que están representados todos los grupos políticos de la Cámara foral, dio a conocer ayer las conclusiones finales de su investigación en las que se explica que el ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri, los diputados forales Antton Market y Juan José Mujika y cuatro directores generales de Hacienda y Finanzas tuvieron distintos grados de responsabilidad política en los hechos.

En este caso, que instruye por la vía judicial un juzgado de Irun, están imputados el ex director de la oficina de la Hacienda de Irun José María Bravo -hermano del ex senador del PNV Víctor Bravo-; su esposa, Rosa Cobos; Pilar Gracenea, trabajadora de la oficina de Irun; y Pedro María Atristain, socio del primero.

Esta trama se habría apropiado de cerca de 1.800.000 euros y habría dejado de ingresar en las arcas públicas casi ocho millones al cobrar diferentes cantidades a contribuyentes morosos que no fueron ingresadas en Hacienda sino en cuentas corrientes a nombre de los inculpados o entidades mercantiles interpuestas.

La comisión considera que los servicios de recaudación «históricamente han estado desatendidos» y se ha primado por el Departamento de Hacienda «la gestión de otros servicios como Renta, Inspección, IVA o Sociedades». Señala que «ha fallado el tratamiento de las insolvencias, no existían ni control ni criterios claros sobre dichos actos administrativos, tampoco se anotaban en el Registro Mercantil», al tiempo que «se hicieron pagos en metálico», a pesar de que «había instrucciones para que no se admitiese dicha forma de pago y de haberse suprimido las cajas». Por ello, responsabiliza políticamente al direc- tor general de Hacienda en aquella época, Victor Bravo Durán, del incorrecto funcionamiento de los órganos de la Subdirección de Recaudación.

Las conclusiones de la comisión señalan que los sistemas de control interno del departamento de Hacienda «no fueron capaces» de evitar la comisión de los hechos aunque ayudaron a descubrir su presunta comisión. Recuerda que a partir de 2000 se tenía que aplicar un nuevo sistema de control interno basado en auditorías a posteriori en lugar de los controles previos anteriores. Asegura que no fue efectivo porque sólo se hizo una auditoría sobre bajas por insolvencia durante cuatro años, algo que considera irresponsable.

Para la comisión, estas deficiencias son responsabilidad tanto de Víctor Bravo, como del ex director de Hacienda Antton Market y del ex director general de Finanzas y Presupuestos Juan Romero Landa.

Destaca que «el informe de auditoría sobre bajas por insolvencia» de varios expedientes, que fue archivado en diciembre de 2005, «no debería haberse archivado», y entiende que la justificación de su archivo es inadmisible. Insiste en que fue la denuncia de dos contribuyentes la que permitió «desempolvar» la auditoría, y responsabiliza a los dos directores de Hacienda y Finanzas, Iñaki Rica y Asier Esnal, así como al ex diputado de Fiscalidad, Juan José Mujika.

Además, asegura que el ex diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, hizo «una desacertada defensa y apoyo» del archivo, aunque su responsabilidad política «se sitúa en un plano diferente que en los casos anteriores».

Las conclusiones finalizan asegurando que la Diputación fue «pasiva en el tema de control de las incompatibilidades, por el que tenían que velar todos los departamentos forales, liderados por el de Presidencia».