El presidente del PNV lamentó ayer que el TSJPV haya sentado en el banquillo a «la máxima institución de la mayoría de los vascos, cuando sabemos que todos los gobiernos han hablado con ETA y que todos los partidos han hablado con HB, Euskal Herritarrok y Batasuna».

A juicio de Iñigo Urkullu, el trasfondo de este juicio contra dirigentes de la izquierda abertzale, del PNV y del PSE es la Ley de Partidos, a la que calificó de «interesada e injusta».

Para el dirigente jeltzale, este juicio «jamás debería haberse celebrado», porque Ibarretxe, según dijo, «ha cumplido con su obligación» al reunirse con responsables independentistas.

López ve «bandera electoral»

Por su parte, el secretario general del PSE, Patxi López, también encausado, acusó a Ibarretxe de pretender utilizar este juicio como «bandera electoral».

En un acto celebrado en Bilbo precisamente con vistas a la próxima campaña electoral, López calificó de «impresentable» que Ibarretxe haya pedido un «posicionamiento» a los jueces sobre el diálogo político.

En este sentido, el líder del PSE se preguntó «qué concepto» tiene el lehendakari de la separación de poderes, y resaltó que los jueces «no están» para hacer «ese tipo de posicionamientos».

«Una vez más -añadió López-, Ibarretxe intenta jugar el papel de víctima y pretende utilizar el juicio como parte de su campaña electoral». A este respecto, dijo que busca en el juicio «un desfile de testigos que le sirva de mitin permanente sobre su conflicto».

El coordinador general de Ezker Batua y consejero de Lakua, Javier Madrazo, también se posicionó ayer en torno al juicio iniciado el pasado jueves en Bilbo. A su juicio, el TSJPV debe reconocer, mediante una sentencia absolutoria, que «el diálogo político no es, ni será nunca, un delito, sino que es un derecho y una obligación» de los dirigentes públicos.

Tras recordar que «todos los gobiernos, desde la Transición, han hablado no sólo con la llamada izquierda abertzale sino con la dirección de ETA, con atentados y sin atentados», opinó que la vista oral supone «un acto de hipocresía política y judicial» y que «sólo se sustenta en el cinismo de los sectores más reaccionarios de la magistratura y en la obsesión patológica de asociaciones como Foro Ermua o Dignidad y Justicia».