Los primeros detenidos que fueron aparar a la prisión de la base militar de Guantánamo volaron desde Afganistán hasta el Caribe, y en un primer momento fueron encerrados en una especie de jaulas abiertas para después ser recluidos en celdas de obra construidas a toda prisa.

El presidente electo estadounidense, Barack Obama, ha prometido sacar de Guantánamo a los 250 que quedan, de los casi 800 que han pasado por los calabozos levantados junto a una playa paradisiaca, pero el problema es qué hacer con ellos.

Deberá decidirlo rápidamente. El 26 de enero, seis días después de su jura como presidente, se inicia el juicio contra el canadiense Omar Kahdr, que fue detenido en Afganistán con 15 años. Comparecerá ese día ante los tribunales «antiterroristas» establecidos por la Administración Bush e instalados en una antigua pista de aterrizaje de Guantánamo, y cuyas reglas especiales permiten la presentación de confesiones obtenidas bajo tortura.

Obama «tiene que anunciar un plan específico antes de esa fecha», o si no dará un respaldo implícito a esas cortes, señaló a Efe Sarah Mendelson,experta del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Ni siquiera los más fervientes opositores a Guantánamo creen que Obama podrá cumplir de forma inmediata su promesa de echar el cerrojo a la prisión. Mendelson opina que tardará un año en encontrar destino para los prisioneros.

Hay detenidos a los que el Pentágono ha exculpado pero que no puede repatriar porque corren peligro de ser torturados. EEUU tendrá que convencer a algunos países europeos de que acepten darles cobijo y tendrá que acoger a otros en su propio territorio, pese a las dificultades políticas que eso entraña.

Otro grupo lo componen hombres contra los cuales el Pentágono no tiene suficientes pruebas, pero a los que considera peligrosos y no quiere poner en libertad.

Por último, están Jalid Sheij Mohamad, el presunto planificador de los atentados del 11-S, y otros presos contra los que el Pentágono dice tener evidencias claras.

Las organizaciones de derechos humanos quieren que los prisioneros sean juzgados en tribunales ordinarios o que sean liberados. Obama no ha aclarado aún su posición. Poco después de su victoria en las elecciones de noviembre se filtró a la prensa que su equipo sopesaba crear unos Tribunales Nacionales de Seguridad, otro intento de establecer cortes especiales para los detenidos.