El pasado jueves se cumplieron cincuenta años de la entrada en La Habana de los revolucionarios cubanos, comandados entre otros por los hermanos Fidel y Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Che Guevara. La revolución cubana comenzaba así su andadura en el poder, llevando a la práctica un modelo basado en la defensa de la independencia de la isla frente al imperialismo y en la igualdad entre toda su ciudadanía.

Cincuenta años en los que el Gobierno cubano ha demostrado la viabilidad de un sistema político que se ha ido adaptando a las diferentes fases políticas, económicas, culturales y sociales que han vivido tanto la isla como la región, así como el mundo en general. Un modelo que todos aquellos que defienden la soberanía de los pueblos y la igualdad de las personas, desde cualquiera de las perspectivas ideológicas posibles, deberían tener en consideración.

Principios para defender, no para declamar

Mientras en Cuba celebraban cincuenta años de revolución, en Bilbo se evidenciaban una vez más treinta años largos de fracaso en la transición de una dictadura a una democracia en el Estado español. El juicio contra los líderes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan Joxe Petrikorena -estos últimos cuatro ya en prisión por su militancia política-, el lehendakari Juan José Ibarretxe y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares por reunirse para buscar una salida dialogada al conflicto vasco simboliza ese fracaso. Pero además supone otro salto cualitativo en la involución que esa transición ha padecido en los últimos diez años de la mano de los diferentes gobiernos españoles. Paradójicamente, durante la última mitad de ese periodo ha habido en la Moncloa un gobierno del PSOE.

La primera sesión del juicio mostró lo demencial de esa situación. Y es que las defensas de todos los acusados aceptaron la premisa de que se trata de un juicio político, pero no las consecuencias de dicha premisa. Además, esa defensa se basa en preceptos políticos -necesidad del diálogo para la resolución del conflicto, no exclusión de ningún agente y respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, entre otros- que al menos dos de los partidos acusados, PNV y PSOE, niegan en su práctica política actual.

La sociedad vasca no requiere sólo que los acusados en este juicio político sean jurídicamente absueltos, sino que los dirigentes que se sientan en el banquillo, en su calidad precisamente de líderes políticos, renueven el compromiso de dialogar hasta encontrar un acuerdo político valido para todas las partes, que acerque a esta pequeña nación y a esos dos grandes estados europeos a una paz estable y duradera, basada en unos principios democráticos firmes.

Principios que el propio juicio evidencia que no existen actualmente en el Estado español, al menos en lo referente a la cuestión nacional, en general, y a la nación vasca, en particular. Unos principios no necesitados de declamación, sino de una defensa, una lucha y una estrategia política clara. Unos principios que ya fueron puestos sobre la mesa en las negociaciones que se juzgan ahora. Unos principios que necesitan de concreción, acuerdo e implementación, para dar paso al obligado refrendo popular según las fórmulas acordadas.

Pero, en vez de eso, quienes optan a representar institucionalmente una parte importante de los territorios vascos, en este caso Ibarretxe y López, se sitúan, sea por acción u omisión, en el escenario que han diseñado los mismos que les han llevado a juicio. Un escenario basado en la negación. Ambos pueden ganar o perder unas elecciones, pero no podrán representar a un pueblo al que niegan la palabra y, con ella, la democracia y la paz.

En ese sentido, las reacciones ante la presentación de una candidatura promovida por personas de ideología de izquierda y abertzale ayer mismo muestran a las claras que si las palabras no tienen relación con los hechos, si de las premisas no se extraen consecuencias, si los principios no se hacen efectivos en una práctica política coherente, los problemas se enquistan y las soluciones se demoran inútilmente.

La historia condenará el genocidio israelí

La situación en Palestina ha superado ya el grado de tragedia humana y entra abiertamente en las categorías de masacre, genocidio o, directamente, holocausto. Una palabra que el pueblo judío ha pretendido históricamente monopolizar pero que, sin embargo, está protagonizando en el sentido opuesto.

Cuando todavía es incierto a qué se refiere el Gobierno israelí cuando dice que ahora comienza la tercera fase de la operación Plomo Fundido, mientras la equidistancia internacional sitúa en un mismo plano a los agresores y a los agredidos, cabe rememorar parte del discurso que Fidel Castro hizo ante el tribunal que lo juzgó por el asalto al cuartel de Moncada en octubre de 1953, seis años antes de entrar en La Habana: «¡Así luchan los pueblos cuando quieren conquistar su libertad: les tiran piedras a los aviones y viran los tanques boca arriba!». Y, digan lo que digan, ya no cabe el escándalo, puesto que medio siglo después siguen siendo piedras contra aviones y tanques.