Representantes de la izquierda abertzale de Ondarroa, opción política que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2007, pero excluida del gobierno municipal por la aplicación de la Ley de Partidos, comparecieron ayer ante los medios para dar cuenta de lo que consideraron una más de las consecuencias del apartheid político.Un caso de «corrupción» urbanística en torno a las obras del inmueble situado en el número 28 de la calle Txomin Agirre, que se hallan paralizadas desde el 6 de octubre hasta que el juez determine si la licencia de obras se ajusta a la legalidad.

Explicaron que, a su juicio, hasta que desde instancias judiciales se ha dado orden de paralizar las obras, «se han producido sucesos de mucha gravedad» sobre este proyecto urbanístico, valorando, en este sentido, que «el de Txomin Agirre 28 es un caso lleno de irregularidades».

Por ello, señalaron que además de exigir explicaciones al ayuntamiento, partiendo de «la responsabilidad que el PNV tiene en este asunto, tanto en la pasada legislatura -la formación jeltzale gobernaba en Ondarroa- como a través de los `gestores' del mismo partido en la actualidad», se han visto obligados a hacer una denuncia pública de lo sucedido.

«Entendemos que debemos poner al servicio de los vecinos toda la información que está en nuestras manos, desde que se dió la licencia de obras hasta la orden judicial de paralizarlas, con todas las decisiones técnicas, jurídicas y políticas que ha habido entre medias» apostillaron, antes de entrar en materia.

Dicho esto, y tras opinar que «una rápida mirada a la trayectoria de este asunto demuestra claramente la actuación irregular y al margen de la ley», se remontaron a noviembre de 2006, cuando el consistorio aprobó un informe para construir ocho viviendas. Informe que el 30 de junio de 2008 el juez decidió que no se adecuaba a la normativa de Ondarroa.

«Después de insistir en ello, y ante la falta de respuesta del ayuntamiento, los vecinos tuvieron que recurrir a los juzgados» señalaron, considerando, en cualquier caso, de mayor gravedad algunas de las decisiones adoptadas por los representantes jeltzales bajo el paraguas de aquel informe luego invalidado.

Un «regalo» a la constructora

Una de esas actuaciones, por parte de la gestora que gobierna en Ondarroa, habría sido la de «regalar, con toda impunidad, cinco metros cuadrados de la calle Txomin Agirre a la constructora», eliminando incluso la fuente que «desde siempre» se hallaba en aquel lugar.

Con todo, para la izquierda abertzale resulta aún más grave que los mandatarios municipales vendieran, «tras una subasta ilegal», el solar de la plaza Pixape, para después segregarlo, «sin ningún interés público ni beneficio para los vecinos de por medio», y «contraviniendo totalmente» las normas subsidiarias de Ondarroa, el decreto por el que se califica al casco histórico del municipio costero Conjunto Monumental -calificación que obtuvo en 1994-, la Ley de Patrimonio Cultural y la Ley del Suelo.

«Y aunque los vecinos han pedido explicaciones a la gestora -presidida por Félix Aranbarri-, hace un par de meses, todavía no han recibido ninguna respuesta ni aclaración, porque al parecer el expediente se ha perdido» censuraron, explicando que los vecinos han empezado a recoger firmas.

También citaron lo sucedido, en este contexto de actuaciones «graves» e irregularidades, a vecinos que llevaron el tema a los tribunales, concretamente dos arquitectos, que han sufrido «amenazas y presiones por parte de desconocidos que alguien ha enviado a su despacho». «Estas prácticas mafiosas nos demuestran, sin duda, el tamaño de la gravedad de este caso», valoraron al respecto.

Tras las elecciones

Los representantes de la izquierda abertzale se preguntaron «qué motivación» se halla detrás de todas estas actuaciones, más aún tras señalar que incluso después de perder las elecciones de 2007, «mientras el BBB se encontraba concretando quién debía venir a Ondarroa», y «siendo consciente de que no sería alcalde en los próximos cuatro años», el alcalde saliente, Aitor Maruri, «dio vía libre a esta chapuza urbanística».

En este sentido, afirmaron que aunque «hemos podido conocer lo de Txomin Agirre 28, es difícil saber lo que puede haber en otros muchos proyectos», ya que «gestora municipal e información no son compatibles». «En Bilbo y con plenos cerrados, ese es el modelo que nos imponen los mandatarios municipales que los ondarrutarras no hemos elegido», señalaron.

De todo ello concluyeron que este tipo de prácticas irregulares tienen cobijo en el «apartheid» político que se aplica en Ondarroa y en otras muchas localidades vascas, porque «la exclusión política, la falta de oposición en los ayuntamientos, facilita el camino a este tipo de actuaciones, siendo automático el `hacer lo que quieren como quieren', y pagando, no sólo la izquierda abertzale, sino toda la ciudadanía, las consecuencias de esta situación injusta».