La suspensión del juicio abierto contra el diálogo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -una denominación que nada tiene que ver con la realidad, porque éste no es más que un tribunal inferior dentro de la Justicia española- es una buena noticia para quienes trabajan en favor de una solución dialogada al conflicto político que sufre nuestro país. No obstante, es preciso recordar que no todos los que se han sentado en el banquillo de los acusados durante las dos sesiones preliminares han estado en todo momento situados en esa posición de diálogo; incluso, si se repasan las imágenes registradas ayer y el pasado jueves en la sede judicial, ha quedado más claro aún que, a día de hoy, algunos de los procesados están sentados en el banquillo contrario, en el de quienes apuestan por la prolongación del conflicto.

Más allá de la primera consideración positiva -a la que se añadirá la satisfacción personal que, sin duda, habrán sentido todos los procesados y sus allegados al verse libres de un engorroso juicio y una posible condena-, la lectura política en torno al origen y desarrollo de este proceso no puede ser tan simplista como para afirmar que, con este archivo provisional, se ha puesto «fin a un sinsentido jurídico y político», como dijo ayer Juan José Ibarretxe, o para pedir que se «pase página» sobre el asunto, como hizo Patxi López.

No es posible pasar página porque, sin ir más lejos, cinco de los procesados -Pernando Barrena, Olatz Dañobeitia, Rufi Etxeberria, Juan Joxe Petrikorena y Arnaldo Otegi; los cuatro primeros en prisión- continúan procesados, precisamente, por desarrollar una actividad política. Y en su misma situación -ya sea condenados, encarcelados o procesados- se encuentran decenas y decenas de ciudadanas y ciudadanos vascos, perseguidos por un «sinsentido jurídico y político» al que el Estado español, y concretamente el Gobierno del PSOE, no quiere poner fin. Si no cambian las posiciones de fondo de quienes apuestan por la imposición frente al diálogo, el de ayer sólo será un punto y seguido en la estrategia antidemocrática con la que se persigue a una opción política en Euskal Herria.