Coincidiendo con las fechas del 60º aniversario de la Declaración universal de los Derechos Humanos, hace unas semanas un vídeo grabado clandestinamente por presos de la cárcel de Fleury Mérogis dejaba al descubierto las vergüenzas no ya de uno de los mayores centros penitenciarios de Europa sino las del propio sistema carcelario francés que, teóricamente cuando menos, no se corresponde con las de un país tan desarrollado. Justo la víspera, el 7 de diciembre, el Consejo de Estado ofrecía una rueda de prensa -algo nada habitual para esta institución- en la que daba a conocer varias decisiones adoptadas con respecto a la normativa penitenciaria establecida por el Gobierno y anulaba siete disposiciones y decretos. Uno de ellos, el relativo al aislamiento de menores que fue recurrido por el Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), por ser contrario al Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos y al Convenio de Nueva York sobre derechos del menor. También ha limitado la posibilidad de los cacheos integrales.

Sin embargo, uno de los mayores problemas sigue siendo el número de personas encarceladas que no cesa de aumentar lo que conlleva hacinamiento, tensión y condiciones de vida infrahumanas en un parque carcelario donde la mayoría de los establecimientos están manifiestamente obsoletos.

En noviembre de 2002, el ministerio de Justicia informaba de la puesta en marcha de un enésimo programa de ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que supondrán 13.200 nuevas plazas para 2012. Reconocía entonces que la población carcelaria era de 54.438 personas y la capacidad de 47.933 pero la creación de más plazas difícilmente remediará la situación si dicha población no hace más que aumentar. Según las últimas cifras oficiales, publicadas en julio pasado, la población penitenciaria del Estado asciende a 65.000 personas privadas de libertad, una cifra récord.

Aunque el número de plazas actuales es casi imposible de cuantificar, resulta evidente que como lo vienen denunciando las asociaciones que trabajan en favor de los derechos y la dignidad de las personas presas desde hace años, prácticamente todos los establecimientos penitenciarios sobrepasan con creces su capacidad de acogida.

Penas mínimas

Junto a la supresión de los indultos presidenciales y a la anulación de la atenuante por minoría de edad para los procesados de entre 16 y 18 años, uno de los factores que ha provocado el incremento de la población carcelaria ha sido la aplicación de las denominadas penas mínimas (peines plancher) para los reincidentes, medida incluida en el programa electoral del presidente Sarkozy para contrarrestar «el laxismo» que reprochaba a los jueces.

Estas penas entraron en vigor en agosto de 2007 pero muchos jueces se resistieron a aplicarlas en los primeros meses porque sistematiza las condenas e impide evaluar el caso en función del individuo, de su situación y de los actos que se le imputan. Sin embargo, según un primer balance elaborado por los diputados Christophe Caresche (PS) y Guy Geoffroy (UMP), en la actualidad se aplicarían, aproximadamente, en la mitad de los casos de reincidencia.

El sistema de las penas mínimas fue instaurado con vistas a obtener un efecto disuasorio en particular para los actos criminales pero, los más afectados por ahora son los delincuentes. Así, se han dado casos en que reincidentes detenidos por delitos menores como robos de pequeña cuantía o pago de compras domésticas en el supermercado con cheques robados se vean condenados automáticamente a tres años de prisión. De todos modos, es en los delitos de la circulación y en los de violencia de género, ámbitos en los que la reincidencia es muy frecuente, donde más se aplican las penas mínimas.

Puede ocurrir que los jueces pronuncien penas menos severas si el acusado presenta «garantías excepcionales de reinserción», pero esta decisión debe estar debidamente justificada so pena de que el fiscal recurra la sentencia por no cumplir el mínimo establecido por la ley vigente. También se dan casos en que los jueces, para moderar las condenas, opten por una pena mixta que combina estas condenas mínimas con un periodo de sursis o dispensa de cumplimiento durante el cual los condenados no deben incumplir las condiciones impuestas por el juez.

Sea como fuere, la consecuencia inmediata de esta medida es que ha acarreado un aumento de la población carcelaria agravando la situación de muchas cárceles donde cada vez se dan a conocer más casos escandalosos como el del joven de 16 años que se suicidó el pasado 6 de octubre en la prisión de Metz donde había sido encarcelado apenas cuatro días antes. La ministra de Justicia Rachida Dati había presentado dicha cárcel como un establecimiento «modélico» en agosto. Desde entonces, en cinco meses se han registrado en la misma cinco casos de suicidio y varios intentos.

El OIP informaba en esas fechas del «aumento brutal» del porcentaje de suicidios (+27%) en el primer semestre de 2008 en relación al mismo periodo del año anterior. Precisamente en ese contexto el Tribunal europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo daba un varapalo al Estado francés «por no haber protegido el derecho a la vida» de un preso psicótico que se había ahorcado en una celda de castigo de la prisión de Bois-d'Arcy en julio de 2000. Además, el Tribunal condenaba al Gobierno por «tratos inhumanos» por haber aislado y privado de todo tipo de visita al preso, lo que le produjo «tal estado de angustia y desesperación que destruyó su resistencia física y moral».

No había transcurrido más de un mes de la sentencia cuando, el 5 de noviembre ocurría un caso muy similar a éste en el centro penitenciario de Saint-Martin-de-Ré. Un joven de 26 años, afectado de trastornos psiquiátricos graves se colgaba con una sábana en una celda del módulo disciplinario donde había sido aislado.

Nueva ley

La contradicción entre el programa de construcción de nuevos establecimientos para intentar paliar el hacinamiento y la promulgación de leyes punitivas cada vez más estrictas que incrementan sin cesar el número de personas presas, no deja de ser constante.

La nueva ley penitenciaria que prepara ahora Dati ha causado más de una polémica entre organizaciones de defensa de derechos humanos y sindicatos de juristas. Varios de estos organismos que intervienen en el ámbito penitenciario reclaman un número clausus para luchar contra la superpoblación en las cárceles.

El propia OIP demandaba hace ya tres años una moratoria respecto a la construcción de nuevas cárceles convencida de que los sucesivos programas «sin otras medidas y sin una revisión en profundidad del sistema penitenciario» no soluciona nada.

Pero uno de los puntos que más revuelo ha generado es el de la reforma de la ordenanza relativa a la delincuencia de menores . Dicha reforma pretende, entre otras medidas, rebajar la edad de encarcelamiento a los doce años y permitir juzgar a los menores bajo el mismo régimen que los adultos a partir de los dieciséis. Mientras asociaciones de padres como la FCPE ponen el grito en el cielo por la intención, Rachida Dati afirmaba hace poco más de un mes que sancionar penalmente a los menores a partir de doce años «con medidas adaptadas que van hasta el encarcelamiento es de sentido común».

El proyecto de ley, sin embargo, está retrasándose. Se esperaba que sería presentado en otoño pero, ahora se habla ya de primavera. El espíritu de dicha normativa que, en teoría, está orientada a «humanizar y desatascar las cárceles» es generalmente aceptado. No en vano, toda la clase política reconoce que el sistema penitenciario está tan obsoleto como las propias cárceles. El debate general respecto al estado de las prisiones que tuvo lugar en marzo de 2006 justo en vísperas de las elecciones presidenciales, sobre el cual fueron interpelados los diferentes candidatos, lo dejó más que claro. Ahora bien, determinadas medidas, como la de la edad penal o la que instaura a los funcionarios-jurados, lo que no deja de ser preocupante ya que cara a la justicia su palabra será aún más prioritaria frente a la del recluso, han despertado los lógicos recelos. La diputada socialista Marilyse Lebranchu, por ejemplo, lo manifestó hace ya meses subrayando que «hay que mantenerse vigilantes por el desfase cada vez más importante entre las causas que provocan la superpoblación carcelaria y la ley anunciada».

Aunque toda cautela pueda ser poca, ello no debería ser óbice para que de una vez por todas se acometa la tan necesaria reforma cuyos eventuales efectos positivos no podrán percibirse hasta dentro de unos años. Reducir el colapso existente no será, por supuesto, la panacea pero, seguramente, ayudará a dignificar un poco la vida de los reclusos y, quizás, «el gran país de los derechos humanos» no aparecerá tan a menudo en la lista negra de los informes como el publicado por el comisario del Consejo de Europa Thomas Hammarberg el 20/11/08 que en muchos puntos corroboró el anterior realizado por su homólogo Alvaro Gil Robles. Éste, avergonzado, reconocía en 2006 que en su gira por las cárceles europeas «sólo había encontrado en Moldavia un centro de reclusión peor que el del depósito para extranjeros del Palacio de Justicia de París».