Abortar «libremente» en las primeras 14 ó 16 semanas del embarazo podría ser una realidad para las mujeres de Nafarroa, Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. El Comité de Expertos, creado por el Ministerio de Igualdad español con el objeto de reformar la actual legislación, presentará en febrero al Gobierno de Zapatero la propuesta de la entrada en vigor de una Ley de Plazos e Indicaciones que permita abortar libremente hasta la citada fecha.

Pasadas estas semanas de gestación, según la propuesta del comité, también existirá la posibilidad de interrumpir el embarazo, aunque sólo en el caso de «malformación o enfermedad en el feto», y en el supuesto de que el embarazo suponga un riesgo para la salud de la madre. Sin embargo, para acogerse a estos supuestos será imprescindible «un dictamen médico».

Este comité, formado por juristas y ginecólogos, fue creado en setiembre y presentará el informe definitivo al Gobierno español en las próximas semanas. El Ejecutivo de Zapatero, según precisaron las agencias españolas, será el que tendrá «la última palabra» a la hora de redactar la nueva normativa que presentará al Congreso, donde también deberá tener en cuenta las recomendaciones de la subcomisión de la Cámara baja. De este modo, fuentes del Comité de Expertos aseguran que, a la espera del tiempo que pueda tardar en tramitarse en el Congreso español, la nueva ley sobre el aborto podría entrar en vigor «bastante antes de verano».

En las reuniones para ultimar el texto que entregarán al Gobierno, deberán solventar los dos puntos en los que existe discrepancia entre los trece integrantes del comité de expertos. El primero se centra el supuesto de que el embarazo cau- se riesgo para la mujer, donde todavía se discute si se debe especificar el riesgo «para la salud física y síquica» o si debe redactar, simplemente, como riesgo genérico «para la salud».

Otro de los puntos en los que hay confrontación es si la nueva norma «debe inscribirse o no dentro de una ley o estrategia más amplia sobre salud sexual y reproductiva». Los partidarios de esta opción defienden que de este modo «habría una mayor prevención», entre otras cosas, de los embarazos no deseados, aunque reconocen que la elaboración de esta propuesta podría retrasar la entrada en vigor de la reforma legal sobre el aborto.

Nada más conocer los pormenores de la propuesta, la plataforma Derecho a Vivir acusó a algunos miembros del comité de expertos de «tener intereses en la industria abortista».