Lo que durante más de dos años de instrucción fue rojo se tornó ayer verde... y caso cerrado. ¿Ha cambiado la realidad durante los treinta meses que el asunto había estado dando vueltas por el juzgado? ¿Han cambiado, tal vez, los argumentos de las defensas? No. Han cambiado los jueces. Y donde antes no había espacio para aplicar la llamada «doctrina Botín», ahora sí lo hay, aunque el presidente del tribunal se guarde un voto particular al respecto. Cosas de la subjetividad, es decir, del color del cristal con que se mira.

Si en un asunto donde se juega con el tiempo y la vida de las personas -y el dinero de todos los contribuyentes, no se olvide- la visión personal de los magistrados puede hacer que el «Juicio del año» se derrita de la noche a la mañana, espero que ningún juez se ofenda porque un periodista aplique también su propia subjetividad para tratar de analizar lo ocurrido.

Y, lo siento, pero al periodista no le viene a la cabeza otra explicación que la de que en el principio de los tiempos estas querellas cayeron bajo el ámbito de decisión de un grupo de jueces que vieron la oportunidad de hacer una guerra política con la toga puesta, sabiéndose arropados por una corriente de opinión que aunque en Euskal Herria sea minoritaria, en el Estado español arrastra diez millones de votos. El Partido Popular estaba abiertamente enfrentado al proceso negociador que en el año 2006 estaba en marcha y había convertido esa oposición en su principal bandera. Asociaciones como Foro Ermua y Dignidad y Justicia, cada una por sus propias motivaciones, ejercieron de acusaciones populares (¿quién pa- gará las cargas económicas de tantos juicios y nuevos recursos si ambos colectivos no parecen tener ya cuentas boyantes y se ven necesitados de pedir donativos en sus páginas web?). Y cuando las querellas llegaron a los tribunales, mientras la Fiscalía no vio en los casos delito alguno -lo que ya resulta llamativo y hasta noticioso estando miembros de la izquierda abertzale por medio- el juez instructor y sus superiores apoyos dentro del TSJPV se empeñaron en llevar la causa hasta el juicio oral.

¿Qué perseguían esos jueces? No me atrevo a responder a la pregunta por no abusar de su magnanimidad sobre la subjetividad del periodista. Pero está claro que los querellantes y el PP buscaban torpedear el proceso negociador, además de acrecentar el castigo perpetuo de la izquierda abertzale, humillar al lehendakari (aunque no humilla quien quiere, a veces Lakua daba la impresión de que lo estaban consiguiendo) y desgastar al PSE-PSOE.

Pero los jueces que dieron aliento e impulso a la instrucción de la causa hasta sentar a los acusados en el banquillo no controlan todos los rincones del TSJPV, ni su influencia ocupa toda la saga de togas. Así que tras el cruce de recusaciones se acabó componiendo un tribunal de un perfil muy distinto, con el que ya cabía adivinar que las exigencias de los querellantes no llegarían muy lejos, aunque ni siquiera así era fácil predecir que su divergencia con el instructor fuera tan radical como para cerrar el juicio apenas recién abierto.

También es cierto que cuanto más se liara la madeja más difícil sería desenredarla, y a los jueces de este tribunal se les estaba pidiendo ya a estas alturas una sentencia que condenara o habilitara para el futuro el diálogo con una organización ilegalizada (e incluso con una armada) como herramienta de uso por parte de los políticos; un papel difícil de asumir para un juez que no tenga vocación de meterse donde ni le han llamado ni se le espera de visita. Dicho de forma vulgar -y volviendo a pedir indulgencia con el periodista-, estos tres jueces tenían ante sí un marrón que ni se lo habían buscado ni entraba en el catálogo de causas por las que en su día decidieron vestirse la toga y las puñetas, así que se lo han quitado de encima buscando la primera oportunidad factible, que ha llegado de la mano del Banco de Santander.

Y ahora ¿qué? A la espera del discurrir de los recursos, los dirigentes del PSE procesados respirarán aliviados, porque no estaban a gusto ni a favor ni en contra del juicio, que vivían como una especie de penitencia injusta que había que sobrellevar con resignación porque no podían cuestionar el mismo Estado de Derecho que defienden cuando comete tropelías aún peores. Ese mismo sentimiento de alivio se habrá extendido a sectores de la judicatura que veían el proceso como algo impropio; un exceso de politización de la justicia o de judicialización de la política.

El lehendakari también se sentirá mejor en otros quehaceres que ocupando banquillo todas las mañanas, aunque una vez sentado dijera que prefería seguir allí a la espera de que lo absolvieran. Pero la bondad de una acción política no depende de lo que digan los jueces.

Y, por su parte, la izquierda abertzale queda a la espera del próximo proceso, unos fuera y otros en la cárcel, todos perseguidos de una u otra manera. Porque la Ley de Partidos sigue vigente para intentar prohibir la palabra a quienes ayer improvisaron una rueda de prensa en un hotel y en unos minutos concitaron la atención de diez cámaras de televisión.