EA y Aralar incumplieron el acuerdo de gobierno «blindado» de Azpeitia
La izquierda abertzale será desalojada de la Alcaldía de Azpeitia el sábado por una moción de censura que apoyará su ex socio EA, tras el atentado mortal contra Inazio Uria. Aquel acuerdo de gobierno, según ha confirmado GARA, tenía una parte no pública en la que las tres formaciones se comprometían a mantenerlo y emitir una respuesta consensuada y ya fijada si se producía algún «hecho derivado como consecuencia del conflicto político».
Gari MUJIKA |
La moción de censura prevista para que el sábado el PNV desaloje de la Alcaldía de Azpeitia a la izquierda abertzale ha sido impulsada junto con EA. Esta formación y Aralar, socios de gobierno hasta diciembre, la han posibilitado incumpliendo una parte del acuerdo de gobierno -no pública- que suscribieron junto a la izquierda abertzale en junio de 2007.
El año pasado, tras los comicios municipales, la izquierda abertzale, EA y Aralar cambiaron, por primera vez en Azpeitia, el signo jeltzale del bastón de mando. Las tres fuerzas políticas impulsaron un equipo de gobierno municipal de cambio, sustentado sobre los pilares del consenso y el acuerdo. Tres fueron los apartados que recogía, de forma pública, el pacto: por una parte, el acuerdo sobre los principios políticos; por otro, el programático; y, por último, el apartado relativo al funcionamiento de la Corporación.
Sin embargo, el acuerdo de gobierno municipal que incluye las rúbricas de los representantes de la izquierda abertzale, de EA y de Aralar de Azpeitia también cuenta con un cuarto apartado, según ha podido confirmar GARA. Se trata de una fórmula elaborada expresamente para que actuase de «blindaje» de ese acuerdo. Con ella, las tres fuerzas políticas consensuaban una respuesta común «ante los sucesos derivados como consecuencia del conflicto político».
Esta respuesta estaba redactada incluso, y coincide con el texto al que dio lectura la izquierda abertzale en el pleno extraordinario realizado horas después de la muerte de Uria. Sin embargo, su posición fue tildada de insuficiente por EA y Aralar.
GARA ha tenido acceso a esta base consensuada entre los tres agentes que arranca bajo el epígrafe de «lectura acordada sobre los sucesos derivados como consecuencia del conflicto político» y que cuenta de seis párrafos.
Después de que ETA atentase contra la vida del empresario Inazio Uria el pasado 3 de diciembre en Azpeitia, la misma jornada EA, y, al día siguiente Aralar, anunciaron su abandono del equipo de gobierno, a la vez que responsabilizaron a la Alcaldía de la izquierda abertzale de romper el acuerdo de gobierno, con el argumento de que no había condenado la acción de ETA.
La formación jeltzale, para entonces, ya había dado paso a varios movimientos políticos, centrados en su mayoría en Gasteiz, con objeto de que tanto EA como Aralar arropasen la toma de la Corporación municipal por parte del PNV. Aunque Aralar la rechazó, y también en un principio los representantes locales de EA, la Ejecutiva que lidera Unai Ziarreta instó a los concejales de Azpeitia a que apoyasen la moción de censura. Finalmente, la firma de los ocho concejales del PNV, unida a la del edil de EA Mikel Ibarzabal, ha posibilitado que la operación política para arrebatar la Alcaldía haya prosperado y pueda ejecutarse a las 12.00 de este sábado.
Por un escenario democrático
Sin embargo, tal y como evidencia el acuerdo de gobierno suscrito para los cuatro años de legislatura, fueron EA y Aralar los que lo incumplieron de facto. Así, el primer párrafo recoge que la Corporación municipal «mostrará la gravedad del hecho», a la vez que «nuestra tristeza y aflicción», y expresará «apoyo y solidaridad a quienes hayan sufrido las consecuencias del mismo»
El segundo apartado recoge la decisión de «mostrar nuestro deseo y compromiso para construir un escenario democrático que posibilite la desaparición de todas las muestras de violencia».
El tercer párrafo expresa «el llamamiento y compromiso para sacar el conflicto de las calles y que se desarrolle mediante el diálogo». Además de defender que «para solucionar el conflicto político es imprescindible el diálogo entre todas las partes», señala que en el camino «de la solución y de la paz» ven «más necesaria que nunca la mesa de partidos».
«Por ello, llamamos a los partidos y agentes sociales y sindicales a que redoblen los esfuerzos para conseguir la paz y la solución mediante el diálogo», recoge el cuarto apartado.
El quinto punto alude a que «la llave radica en el acuerdo político que posibilitará el diálogo entre todos». Y establece que el acuerdo resultante, además, se tiene que basar «en la voluntad de los ciudadanos», partiendo de que Euskal Herria debe tener «la palabra y la decisión», rechazando la imposición de cualquier proyecto.
Por último, el texto sigue reiterando el compromiso de que «para que no vuelvan a darse sucesos de este tipo» seguirarán trabajando «desde el ámbito que nos compete» en favor del logro de una «paz justa y permanente».
El todavía alcalde de Azpeitia, Iñaki Errazkin, se encargó de dar lectura a una declaración similar en el pleno del 3 de diciembre. Pero el texto había quedado como papel mojado para EA y Aralar, que no cumplieron su parte.
La izquierda abertzale, tras la muerte del empresario Inazio Uria, dio lectura al texto que previamente había acordado junto con EA y Aralar en el acuerdo de gobierno municipal. Pero fueron estas dos formaciones las que lo obviaron, rompiendo «de facto» con el pacto.
La moción de censura que han presentado PNV y EA contra la Alcaldía de la izquierda abertzale en Azpeitia será debatida este sábado, a las 12.00, en el salón de plenos del pueblo guipuzcoano.
El que fuera primer edil de Azpeitia y, a su vez, el candidato jeltzale a apoderarse del bastón de mando del Ayuntamiento a partir de este sábado, Julian Eizmendi, ha sido el principal protagonista de un criticado plan urbanístico que, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado ilegal. El litigio ha colocado a cientes de azpeitiarras en una situación de incertidumbre, máxime si se tiene en cuenta que 154 de las 208 viviendas de VPO que se preveían construir en la zona de Etxebeltz-Izarra ya están adjudicadas desde hace tiempo. Ahora, el TSJPV sentencia que son unas edificaciones ilegales, al estar construidas en base a un plan de urbanismo que ha sido invalidado por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJPV.
El equipo de gobierno que dirigía Julian Eizmendi conocía el precedente de que el Tribunal Supremo español declaró también ilegales los planes urbanísticos por los que se edificaron 76 viviendas en la zona Auzaraza. Sin embargo, en la anterior legislatura volvió a proceder de la misma forma, para lo que se valió del respaldo del PSOE y del PP, frente a la negativa de EA, la plataforma Habea y los vecinos afectados. En este caso, fue la promotora Leku Eder la que interpuso la denuncia tanto contra el Ayuntamiento dirigido por Eizmendi como contra la Diputación de Gipuzkoa, que validó esas operaciones urbanísticas llevadas a cabo con la mayor premura posible ante la llegada de las elecciones de 2007.
El TSJPV no sólo ha declarado ilegal el plan de la zona de Etxebeltz-Izarra que preveía la construcción de 208 viviendas VPO y otras a precio de mercado, sino también las 16 viviendas a edificar en el lugar donde antes se ubicaba el cuartel y los garajes de Soreasu. Como se ve en la imagen de abajo, Eizmendi posó con las excavadoras poco antes de perder la alcaldía.
