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Investigación del fraude de Irun

El PNV se queda solo y las Juntas acusan a los anteriores cargos jeltzales

Con la aprobación del informe de la comisión de investigación sobre el fraude de la Hacienda de Irun en las Juntas Generales se ha dado por zanjada su andadura institucional. Siete altos cargos del PNV se han visto involucrados en este desfalco, entre ellos el ex diputado general González de Txabarri, pero la formación jeltzale sigue en sus trece y aún defiende que «no tiene nada que ver». El dictamen señala a los responsables políticos, pero no les hace pagar su actuación.

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Oihana LLORENTE |

Todas las formaciones que cuentan con representación en las Juntas Generales de Gipuzkoa, incluido el PNV, avalaron ayer el informe de la comisión de investigación en relación al fraude de la Hacienda de Irun, salvo los párrafos que cada uno de ellos enmendó a través de votos particulares. De este modo, después de trece meses de investigación, la institución guipuzcoana ha puesto nombres y apellidos a las personas que tenían responsabilidades políticas en la Diputación en el momento del desfalco.

Siete altos cargos del PNV, con el ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri a la cabeza, han sido señalados y acusados de «falta de control» en la recaudación de la Hacienda o de «mala gestión» después de que se destapara el caso. Pero todo ha quedado y quedará ahí, ya que las conclusiones no tendrán consecuencias prácticas para estos jeltzales, que como en el caso de Txabarri seguirá ocupando cargos públicos como el de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

La sesión plenaria de las Juntas Generales de Gipuzkoa arrancó a las 9.30 horas bajo una notable expectación mediática, pero no hubo sorpresas. La formación jeltzale, lejos de reconocer la existencia de responsabilidades políticas entre los miembros de su formación, continuó en sus trece y llegó a sentenciar que «ha quedado probado que el PNV nada tiene que ver ahí».

Tanto los votos particulares presentados por el PNV, así como las sucesivas intervenciones de su portavoz, Asier Aranbarri, dejaron entrever la falta de voluntad política del PNV a la hora de asumir responsabilidades en este fraude.

En vez de críticas, gratitud

La sesión comenzó con las intervenciones de las seis formaciones que tienen acceso a esta institución, ya que el apartheid que sufre la izquierda abertzale dejó sin representación en esta institución a más de 70.00o guipuzcoanos.

El portavoz jeltzale, en toda su intervención, trató de exculpar a González de Txabarri y a su equipo, alabando su trabajo al señalar que fueron ellos quienes, tras el archivo provisional de la auditoría que detectó presuntas irregularidades, «empezaron a tirar del hilo» y pusieron el asunto en manos de la Fiscalía.

Reconoció que su formación ha tenido que hacer «autocrítica» y como conclusión apuntó directamente contra quien ostentara el cargo de director general de Hacienda, Víctor Bravo, considerando que se «extralimitó» en sus funciones.

Finalizó su discurso asumiendo únicamente que el fraude se llevó a cabo, al parecer por pura casualidad, mientras el PNV tenía responsabilidades políticas en el Departamento de Hacienda: «Evidentemente eso es un hecho objetivo y así se asume, pero a partir de ahí no asumimos la responsabilidad de los miembros del PNV citados en el informe, por que no existe ligazón alguna entre el fraude de Irun y esas personas», sentenció el portavoz jeltzale.

EA, también con Txabarri

En el turno de réplica, Aranbarri criticó la voluntad política de esta investigación que, a su juicio, se ha basado en «buscar la vinculación» entre este fraude y su partido. No le tembló la voz al dar a conocer su peculiar conclusión: «Ha quedado claro que el PNV nada tiene que ver ahí».

El exponente más claro de la posición del PNV fue el voto particular presentado para solicitar la supresión de las responsabilidades políticas por el archivo provisional de la audi- toría.

Los junteros jeltzales se quedaron solos en la votación de este punto, pero no así en las intervenciones, donde el portavoz de EA, José Antonio Rekondo, intentó por todos los medios eximir a González de Txabarri de la responsabilidad que le asigna el dictamen y argumentó su posición señalando que es «de estricta justicia».

Los grupos junteros de Aralar, EB y PP pretendieron llegar más allá y solicitaron la dimisión de los que a día de hoy ocupan cargos públicos, con especial alusión al ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri. Sin embargo, los votos particulares presentados en este sentido tampoco cosecharon el aval necesario.

La sesión plenaria finalizó después de que los cincuenta junteros que se encontraban en la sala dieran luz verde al informe de la comisión de investigación, recabando así la unanimidad en la parte no enmendada del informe elaborado por la comisión de investigación.

Por el contrario, los votos particulares para modificar el texto, presentados por todos los grupos menos el PSE, fueron rechazados a excepción de una pequeña variación acerca de los expedientes propuesto por el PNV y que fue aprobado en segunda vuelta de votación.

De este modo, las Juntas de Gipuzkoa concluyen que los ex diputados forales de Hacienda, Antton Market y Juan José Mujika, y cuatro directores generales de Hacienda y Finanzas tuvieron, con mayor o menor grado, responsabilidad política en los hechos. Asimismo, aunque en un tono mucho menor, también se critica la defensa que hizo el ex diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, de algunas actuaciones que llevó a cabo su equipo a la hora de destapar el fraude.

LAB: «Aquí no termina nada, deben pagar su responsabilidad»

El sindicato LAB se concentró a la puertas de las Juntas Generales con el fin de denunciar el fraude y exigir la depuración de todas las responsabilidades existentes. El representante de la central Joxean Urkiola compareció ante los medios para apuntar que «no basta» con señalar a los responsables y abogar por llegar hasta el fondo. «Aquí no termina nada, ellos también tienen que pagar por toda la responsabilidad que tienen en este fraude», defendió.

Aseguró convencido que con el paso del tiempo «se ha ido confirmando lo que LAB ha venido diciendo; absolutamente todo lo que hemos afirmado», a la vez que criticó las trabas impuestas para poder personarse como acusación particular, así como para poder asistir a la sesión plenaria de ayer.

Consideró que lo acaecido en Irun no es un caso aislado y señaló que es reflejo de «un modelo institucional corrupto». Por ello, sentenció que no es casualidad que últimamente hayan sido destapados casos como el de la Fundación Balenciaga o el del Museo Guggenheim. «Unos escándalos que siempre van ligados a un determinado partido político», afirmó irónicamente en alusión al PNV.

Ante la pancarta que rezaba «Iruzurrik ez! Nor da arduraduna?» Urkiola abogó por la desaparición del modelo institucional que se ha arraigado en las últimas décadas en Euskal Herria, modelo que tildó de corrupto. En este sentido apostó por un «cambio radical» del modelo institucional.

Asimismo, exigió a las instituciones que pongan en marcha las medidas adecuadas para que se acabe con este tipo de fraudes y se devuelva la inmensa cantidad de dinero que ha sido robado a la ciudadanía. O. L.

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