El sindicato LAB ha añadido sus propias puntualizaciones a las críticas de los comités de empresa del grupo Aernnova hacia las instituciones vascas por abandonar el sector aeronáutico ante la situación de «muerte dulce» que está viviendo, agravada por la instalación en Toledo de la planta que participará en la fabricación del A350 para Airbus.

LAB afirmó que esta noticia confirma las sospechas de deslocalización sobre las que advirtió durante el proceso de venta de Gamesa Aeronáutica y que, a su juicio, es consecuencia de la política industrial del Gobierno de Lakua «que regala dinero público a empresas privadas para que se instalen en el territorio pero no pide ninguna condición de mantenimiento de la actividad industrial».

El sindicato abertzale señaló que mientras «la empresa se expande por el resto del planeta, en las plantas que le dimos la vida a este proyecto industrial, nuestra carga de trabajo disminuye día a día».

Además achacó al PNV y al PSE la responsabilidad política de esta situación porque en su día otorgaron subvenciones millonarias a Gamesa Aeronáutica. «Con este hecho queda de manifiesto que el proyecto político de ambos es satisfacer los intereses del empresariado en detrimento de la clase trabajadora», denunció LAB. Asimismo, solicitó al presidente de la compañía, Iñaki López Gandasegi, «que se reúna con la parte social de una vez» y explique cual es el futuro industrial que espera a las plantas de producción alavesas.

En este sentido, exigió que la dirección de la compañía presente un proyecto industrial con compromisos de actividad y de empleo para con las plantas industriales establecidas en Euskal Herria.

«Lakua es cómplice»

Asimismo, CCOO acusó a Lakua de ser «cómplice» de la pérdida del contrato del Airbus A350 para el territorio alavés por parte de Aernnova porque «las instituciones vascas no quisieron entrar en el capital de Aernnova cuando ésta fue vendida por Gamesa a principios de 2006».

CCOO afirmó que no le sirven las explicaciones de Lakua de que no existía «músculo financiero suficiente» en las entidades financieras vascas para acometer la operación, como sí hizo Caja Castilla-La Mancha para entrar en el accionariado. «La incertidumbre que ahora se cierne sobre los 1.700 trabajadores del grupo en Álava es el precio que se paga por esta falta de visión», aseguró

Finalmente, dijo no creer la promesa de la dirección de que el contrato beneficiará al área de ingeniería en Araba y subrayó que ésta sólo representa al 10% de la plantilla alavesa.