En estos cuatro años, la sociedad ha tomado aire bajo el mandato de Tabaré Vázquez y, si hacemos caso a las encuestas, su intención es seguir respirando otro ratito. No obstante, el Frente Amplio termina la legislatura entre llamamientos a la unidad de la izquierda, quizá porque ésta se haya desgastado o porque haya ciertas palabras, como desilusión, desengaño o traición, que se escuchan con frecuencia en su base social.

La ley impide la reelección presidencial, de forma que la coalición se halla inmersa en el proceso de elección de su nuevo candidato para las elecciones de 2009. La pugna entre Danilo Astori, ex ministro de Economía, y Pepe Mújica, senador e histórico líder tupamaro, se inclina a favor del segundo tras el congreso del Frente Amplio de diciembre. En él, Mújica denunció presiones y chantajes para «retirarlo» de la carrera presidencial, a la que dijo sumarse muy a su pesar y sólo porque los compañeros se lo pidieron, tal vez para que trate de corregir la deriva centrista del Gobierno, demasiado vertiginosa y notoria para muchos. Y con Astori aún lo sería más, o así debieron interpretarlo los delegados, porque el director de la política económica gubernamental quedó tercero en la contienda. Un fracaso de Astori y una victoria de Mujica que, previsiblemente, se ratificarán en las elecciones internas convocadas para junio.

Críticas al Gobierno

Una corriente interna del Frente, el PST, razonaba su «no» a Astori mediante una abierta crítica a la política económica impulsada por su Ministerio: Porque eligió pagar la deuda externa antes que desarrollar políticas de desarrollo social; porque la ha aumentado de 19.145 a 29.354 millones de dólares; porque el PIB ha crecido al ritmo que baja el poder adquisitivo de los uruguayos; por la reforma tributaria que mantuvo el peso de los impuestos al consumo (igual que antes) y aumentó los impuestos al trabajo frente a los del capital (peor que antes); porque las inversiones extranjeras no han generado desarrollo; porque el modelo exportador concentra el 90% de los ingresos en las diez empresas más concentradas...

Y todo con el ansiado Gobierno de izquierdas, que, si bien se ha mostrado más eficaz que sus predecesores y ha impulsado algunas políticas esperanzadoras, lo ha hecho con tanta prudencia y a veces tan lento que ha terminado por exasperar a los sectores afectados. Interesantes proyectos sociales como el nuevo plan de sanidad no acaban de dar los frutos prometidos; ni la supuesta bonanza económica se percibe en las clases populares; ni los sindicatos están contentos... Sí que hubo avances en materia de derechos humanos, como el procesamiento de varios responsables de la dictadura (1973-1985) o la búsqueda de desaparecidos, pero finalmente se vieron eclipsados por la negativa del Gobierno a anular la Ley de Caducidad (1986), que nació para dar impunidad a los represores y que ahora los sectores populares tratan de tumbar con una masiva recogida de firmas a favor de un referéndum.

También fue muy contestado el veto presidencial que, hace unas semanas, echó por tierra la Ley de Interrupción del Embarazo aprobada por el Parlamento. En un Estado históricamente laico, Tabaré Vázquez puso su catolicismo y su potestad presidencial por encima de la mayoría parlamentaria y del 60% de la ciudadanía que, según las encuestas, apoya la reforma legislativa que pretendía acabar con los abortos clandestinos, el encarcelamiento de mujeres y su muerte en salas de operaciones improvisadas. «¡Qué desilusión!», clamaban las pancartas. Pero el Arzobispo de Montevideo felicitó a Vázquez, quien, en una postura de fuerza, acabó dándose de baja del Partido Socialista en desacuerdo con su postura favorable a la despenalización.

También estuvo cargado de simbolismo, y de críticas, el triple agasajo a George W. Bush; primero en su visita a Mar del Plata, Argentina (2005), adonde acudió una delegación con el presidente a la cabeza; después en el viaje de Vázquez a EEUU (2006); y, finalmente, cuando el mandatario estadounidense fue recibido en Uruguay (2007). Estos coqueteos con Bush generaron contradicciones en el partido y manifestaciones en la calle, algunas de las cuales terminaron en incidentes, discutidas intervenciones policiales, dos decenas de detenidos y cinco condenas de cárcel. Estos encarcelamientos generaron nuevas protestas y se llegó a procesar por «vilipendio a los símbolos patrios» a un sindicalista acusado de quemar unos papelitos que imitaban la bandera yanqui. Por éstos y otros episodios -como la detención de 65 trabajadores (2006) que ocupaban y trataban de autogestionar la mayor imprenta del país, cerrada meses atrás-, sectores de izquierda acusan al Frente Amplio de utilizar los resortes del poder para criminalizar a los disconformes con sus políticas, utilizando medidas represivas más contundentes incluso que las desplegadas por los gobiernos de derecha.

Raíces participativas

Por encima de los aspectos concretos en los que el Frente Amplio se haya olvidado de reivindicaciones históricas o promesas electorales, quizá lo que más indigna a los críticos son las formas. Porque, tras décadas de dictaduras y gobiernos de derechas, resulta que la vieja familia de izquierdas también es acusada de tratar de erosionar, como los anteriores, los espacios de democracia popular que todavía se mantienen en muchos ámbitos de la sociedad uruguaya.

Para entender la importancia de la cuestión, debemos reparar en las fortísimas raíces participativas de la tradición política del país. El sistema electoral, por ejemplo, es un caso seguramente único. El voto es obligatorio y queda registrado en un documento oficial, la credencial cívica, imprescindible para realizar gestiones como sacar un pasaporte o inscribirse en la Universidad. Además, no sólo se vota al partido, también a la corriente interna, así que los comicios definen el reparto de escaños de cada formación política y, dentro de ellas, el número de electos que obtendrá cada sector.

El sistema educativo es otro de los ámbitos que, históricamente, ha mantenido unas notables cotas de democracia participativa. De esta forma, la Universidad de la República se rige mediante un sistema de cogobierno de docentes, estudiantes y licenciados, representados democráticamente en un órgano autónomo que dirige los destinos de las facultades: Política educativa, reparto de cargos, régimen interno... Y la única injerencia del Gobierno sólo puede venir de la asignación presupuestaria, que es una de sus pocas competencias.

Debido a esta peculiar naturaleza del sistema político-social uruguayo, y a sus raíces laicas y participativas, éste fue el primer país en legalizar el divorcio (1907), uno de los pioneros en establecer el sufragio femenino, el primero que instauró un sistema educativo gratuito, obligatorio y laico (1877), y el precursor en Latinoamerica del reconocimiento y legalización de las uniones civiles, incluyendo parejas del mismo sexo. Y es por esta tradición horizontal e igualitaria, incrustada en el pueblo y orgullo de la izquierda, por lo que han causado tanto enojo las decisiones unilaterales del presidente; o el desprecio de las resoluciones del Parlamento; o los intentos de hurtar el debate, la voz y el voto popular.

La reforma educativa

La última polémica ha venido de la mano de una reforma educativa que desconoce las principales demandas sindicales y que deja la gestión de la enseñanza secundaria en manos del Ejecutivo, frente a la autonomía y el cogobierno que pedían estudiantes y docentes. Así, todos los sindicatos se oponen a la ley y hasta la Universidad de la República pidió la retirada del proyecto, pero eso no impidió que éste se aprobara con el apoyo de 16 de los 17 senadores del Frente Amplio, ya que sólo la representante del Partido Comunista discrepó de la línea oficial. Así, en aquella sesión del Senado se representó una vez más la aparente dicotomía entre lo que piensa la izquierda social y lo que hace la política. Y no fue sólo eso, ya que un grupo de docentes accedió a la tribuna y expresó su protesta, silbando y lanzando octavillas, hasta que aparecieron las fuerzas de seguridad y se desató un forcejeo que derivó en una fenomenal pelea, captada con detalle por todas las cámaras de televisión y repetida hasta la saciedad en los noticieros. Los sindicatos apoyaron inmediatamente a los docentes y criticaron a la Policía y al Gobierno por la violencia del desalojo. Pero el Ejecutivo, espoleado por la derecha y los medios de comunicación, pidió su procesa- miento y cuatro de ellos acaban de ser condenados por un delito de atentado a la autoridad, en un nuevo episodio de criminalización de la protesta social, denuncian.

¿El Frente, al centro?

Ante este panorama, cabría interpretar que el Frente Amplio siente prietas las filas por la izquierda, ante la casi absoluta falta de alternativas políticas por este lado, y dirige la mirada hacia los caladeros del centro, como tratando de no irritar demasiado a las clases medias y acomodadas para asegurarse la victoria en 2009. Porque éstas también sintieron la ilusión por el cambio, y muchos votaron por Vázquez, pero ahora podrían verse atraídos por los mensajes alarmistas de la derecha, que clama por el desgobierno y el caos que, aseguran, asola al país.

Las encuestas dan una importante ventaja al Frente Amplio de cara a las elecciones de octubre de 2009. Y todo hace suponer que Mújica será un presidente distinto en esta Latinoamérica convulsa: Un mandatario que transgreda protocolos, que se amarre a su origen humilde y que, como grita una pintada en Montevideo, descarte las corbatas por considerarlas nudos en el cuello. Pero lo importante será el rumbo que dé a su mandato, comprobar si marca algo más que un nuevo estilo o si, por el contrario, acumula nuevas decepciones sobre las de su predecesor, no vaya a ser tan histórico y querido tupamaro quien acabe de enterrar las utopías de varias generaciones de uruguayos.