La consultora Deloitte presentó ayer en Bilbo el estudio «Perspectivas de futuro de los servicios de atención a la dependencia. El Servicio de Atención a Domicilio (SAD)». Ana Andueza, directora del área de Sector Público de la consultora, y José Luis Martínez, que dirigió el trabajo y pertenece al Sector Público y Sanidad de Deloitte, reconocieron abiertamente el problema que se presenta por la Ley de Dependencia y la Ley de Servicios Sociales, dado que el envejecimiento de la población llevará a cuadruplicar las necesidades de atención de las personas mayores, lo que significará un incremento similar en cuanto a dotación del gasto público.

A juicio de Deloitte, la administración pública, que intervino en la jornada previa al contacto con los medios de comunicación, se encuentra con un problema para garantizar la financiación de servicios de calidad a través de empresas privadas que, en casi todos los casos, no ofrecen ni contratos ni salarios adecuados a las trabajadoras del sector.

Por eso, propuso avanzar en el copago, es decir que ese servicio no sea asumido únicamente por la Administración pública, sino que el usuario pague.

La falta de recursos económicos, que desde las instituciones públicas se puso sobre la mesa, llama, de todas maneras, la atención porque, son esas mismas administraciones las que, por otra parte, están dejando de recaudar de forma voluntaria porque se les reducen los impuestos a las rentas de los empresarios y de los profesionales.

Andueza reconoció que el 80% del coste de las empresas que se dedican a prestar los servicios de atención domiciliaria se deben a los costes salariales. «En Bizkaia son los más altos», dijo, aunque después reconoció que «los salarios de este sector no son elevados, sino que en el resto de comunidades autónomas los salarios son muy bajos». Es por ello, que destacó que «las empresas del sector tiene poco margen de rentabilidad».

Bizkaia, coste más alto

Según Deloitte, el coste por hora del servicio de atención domiciliaria sitúa a Bizkaia con un 24,58 euros; a Nafarroa, con 23,11 euros; y Araba, con 21,96 euros por delante del resto de comunidades. «Son los más altos», dijo José Luis Martínez, pero «no responde a salarios altos, porque el estudio controló el salario de las auxiliares».

Martínez y Andueza reconocieron que ese coste por hora de trabajo es entre un 15% y un 27% superior a la licitación que las empresas ofertan. Por lo que la conclusión a la que llega Deloitte es que se licitan los servicios por debajo del coste, lo que en realidad lleva aparejado un problema grave en el sector, porque ese supuesto ahorro que se produce, después, repercute en el salario de los trabajadores y en la calidad de los servicios.