Desde ayer ocho personas con nombres y apellidos -Amparo Lasheras, Iñaki Olalde, Arantza Urkaregi, Imanol Nieto, Eli Zubiaga, Iker Rodrigo, Hodei Egaña y Agurtzane Solaberrieta-, con familia, con mucha gente que les quiere y les respeta -como una mujer navarra que por la mañana llamó a este diario porque no veía otra forma de mandar un abrazo a Amparo Lasheras-, se encuentran encarceladas en la prisión madrileña de Soto del Real. De la noche a la mañana no sólo todos sus derechos políticos han quedado suspendidos, sino que se han roto también todos sus proyectos, sus planes de vida. En una suerte de macabra lotería, el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional han decidido ir a por ellos. Su delito, se mire por donde se mire, no es otro que intentar presentarse a las elecciones del 1 de marzo, lo que tratándose de personas vinculadas a la izquierda abertzale Baltasar Garzón entiende como seguir las órdenes de ETA, aunque no haya prueba alguna de que jamás hubieran recibido tal orden, ni siquiera de que existiera. ¿Qué más da?

Con esta operación político-judicial, el Estado rompe con la inercia de elecciones anteriores, que se centraba en la búsqueda de la proscripción de candidaturas por la vía civil, sin entrar en la penal. Pero esta vez se ha dado un importante salto cualitativo, que añade el sufrimiento personal -castigo individualizado y cruel aviso a navegantes para futuras elecciones- a la negación colectiva de derechos políticos.

Sin embargo, la mayoría de las reacciones a esta operación -tanto las favorables como las contrarias- siguen en la misma rutina que prohibiciones de candidaturas anteriores, con el añadido obsceno de que algunas respuestas incluso insinúan una cierta connivencia o juego común de conveniencia entre ilegalizadores e ilegalizados.

Así, deslizándose por el tobogán de la despreocupación y añadiendo la falsa declaración de velar por todos los derechos para todos, políticos y tertulianos se quedan tan contentos diciendo que ellos están en contra de la Ley de Partidos pero que también la izquierda abertzale ya sabe lo que tiene que hacer para poder concurrir a los comicios. Y a continuación se muestran dolidos por los silencios de portavoces independentistas (más bien porque no digan lo que ellos quieren) frente a los atentados de ETA, dejando así constancia de una especie de superioridad moral propia. Todo ello, tal vez, sin darse cuenta (o ni querer) de que en esto no tiene nada que ver la Ley de Partidos. De que lo que ocurre es que están metiendo a la cárcel a la gente por querer presentarse a las elecciones.