Representantes de los grupos sociales que conforman la Plataforma alavesa por la paralización inmediata de la macrocárcel de Zabaia comparecieron ayer ante los medios para valorar las últimas novedades sobre las obras de este centro, e instaron a los mandatarios de la Diputación alavesa a que «sean valientes, porque pueden paralizar el proyecto, ya que disponen de informes que indican que las obras son ilegales».

Desde esta plataforma, que está contituida por colectivos como Salhaketa, Etxerat, el movimiento pro amnistía, Ekologistak Martxan, Eguzki, la Pastoral Penitenciaria, la Comisión Anti-Sida de Araba, y el Grupo Ecologista Gaia, consideraron «electoralistas» los últimos anuncios que aluden a una posible revocación de la decisión de excluir la evaluación de impacto ambiental sobre la macrocárcel -adoptada desde el Gobierno español-, y censuraron que todavía no se haya presentado recurso alguno.

En este sentido, hicieron un repaso de los movimientos habidos en torno a las obras de Zabaia, y calificaron de «surrealista» la respuesta recibida desde Madrid sobre su apelación al necesario informe de impacto ambiental para poder ejecutar los trabajos que hace ya varios meses se inciaron en este enclave alavés. Y es que, como señalaron ayer, desde el Ejecutivo del PSOE aseguraron que «las obras del centro penintenciario no se habían iniciado, y que los movientos de tierra eran consecuencia de unos trabajos arqueológicos», versión que en absoluto concuerda con lo que se puede ver en Zabaia.

Asimismo, convencidos de que es posible parar un proyecto contestado por la mayoría social del herrialde, apelaron a la responsabilidad de las instituciones y anunciaron futuras iniciativas en esta dirección.

Manifiesto de paralización

A este respecto, recordaron que existe un manifiesto, abierto a adhesiones, con los argumentos y datos que refuerzan la postura contraría a la construcción de la macrocárcel, y apostillaron que están trabajando, también, las «vías jurídicas y políticas» para evitar la construcción de este nuevo centro penitenciario en Iruña Oka.

Como apuntaron, la macrocárcel, proyectada a apenas unos metros de la actual cárcel de Langraiz y con un coste de 100 millones de euros, pretende albergar a 2.000 personas, «hacinadas» en 848 celdas de escasas dimensiones, y hasta el momento se ha removido una superficie de terreno equivalente a 80 campos de fútbol.