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Beneficios obscenos en tiempos de crisis

Los dos principales referentes de la banca española, BBVA y Santander, hicieron ayer públicas sus cuentas de resultados correspondientes a 2008. El primero desveló unos beneficios de 5.000 millones de euros, mientras que el segundo afirmó haber alcanzado los 8.800 millones. En otras palabras, entre ambos ganaron 40,15 millones de euros cada día de recién estrenada crisis económica. Una crisis que no hace mella en el sólido negocio de estos gigantes financieros, pero que sí ha golpeado a la clase trabajadora haciendo desaparecer 70 empleos diarios en Hego Euskal Herria hasta alcanzar los 25.600 nuevos desocupados; una crisis que ha provocado que el Estado haya realizado inyecciones millonarias en las entidades financieras para paliar su falta de liquidez y por cuyo uso no están rindiendo cuenta alguna, con la aquiescencia del Gobierno español; una crisis que ha duplicado el volumen de morosidad entre los clientes, acosados por las deudas, pero que no inquieta a unos directivos que siguen animando a pedir préstamos mientras no tienen empacho en quejarse por el descenso en el mercado crediticio.

Mientras la clase trabajadora lucha a brazo partido por eludir las nefastas consecuencias de una crisis que no ha provocado, mientras las pequeñas empresas hacen equilibrismos sin red para seguir adelante con su actividad y mientras cientos de miles de familias se enfrentan a la angustia que provoca el desempleo y la miseria, las cifras que ayer hicieron públicas los mencionados bancos suponen la constatación de que la crisis podrá ser global en lo geográfico, pero desde luego no afecta a todos los sectores sociales por igual. Ni mucho menos.

Pero si hacer sonar la cartera delante del hambriento resulta éticamente reprobable, permitir desde los estamentos públicos que estos bancos sigan engordando sus bolsillos beneficiándose de reducciones en los impuestos entra de lleno en el ámbito de lo obsceno. Y el BBVA tributó el pasado año a la Diputación vizcaina un 22,8% por sus beneficios, cuando ese tipo está en el 30% en el Estado español y en un 28% en la CAV.

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