A pesar de que el alcalde había convocado el pleno para las 11.00, varios vecinos de Galdames acudieron a la sesión para reiterar su oposición al proyecto de Red Eléctrica de España (REE) de trazar una línea de alta tensión entre la localidad asturiana de Penagos y Gueñes. Las obras, según denunciaron, han comenzado hace dos semanas en La Aceña, donde operarios construyen las bases de hormigón de las torretas y se han emplazado unas casetas.

Los seis ediles del PNV y el concejal de EA se posicionaron en contra, al igual que sobre otros planes para levantar un parque eólico. Era la segunda ocasión en siete años en que la Corporación presidida por el jeltzale Carlos Avellanal se pronunciaba. Los vecinos criticaron que desde 2001, cuando se produjo el anterior acuerdo, el Consistorio se haya negado a contratar a una asesoría para tratar de que la infraestructura de REE no produzca un impacto importante en los Montes de Galdames y Triano.

Desde Galdames Bizirik, la plataforma ciudadana opositora a la línea de alta tensión, criticaron que el Ayuntamiento no haya formulado alegaciones y, además, haya impedido que los vecinos participen en algunas reuniones que se han mantenido con los promotores y otras instituciones. Por tanto, estimaron que con el pronunciamiento el PNV pretende «lavarse la cara, pues a renglón seguido afirman que no tienen potestad porque el proyecto ha sido declarado de utilidad pública por el Gobierno español».

«El que no se hayan interesado por el tema en ocho años demuestra que el que calla otorga», añadieron desde el colec- tivo ecologista. Criticaron asimismo que el alcalde no haya establecido medidas de control de las obras para impedir que se produzcan más destrozos en ese entorno natural, próximo al futuro biotopo.

Galdames Bizirik preguntó al alcalde qué va a hacer el Ayuntamiento con el dinero que REE le ha dado por las expropiaciones. Aclararon que aunque han comenzado los trabajos van a mantenerse vigilantes.

Mientras se inician las obras, la asociación conservacionista Izate aguarda el fallo del Supremo español a un recurso presentado el 18 de julio de 2007 sobre el acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno español que declaró el proyecto de «utilidad pública».