Adolfo Muñoz, «Txiki», considera que no se llega a la crisis actual por casualidad, sino que «el poder político» ha cedido a la avaricia desmesurada del poder económico y, al final, la crisis ha terminado afectando a los trabajadores y a los ciudadanos. ELA inicia una campaña por el reparto de la riqueza y sostiene que no descarta una huelga general ante esta situación de estallido social por la pérdida de empleo, la progresión de los expedientes, la caída de salarios y el avance de la precariedad.

¿Qué análisis hace del estallido de la crisis económica?

El poder político ha regalado el control de la economía a los especuladores. A partir de ahí, no se quiere cambiar de política. Se quiere que las mismas políticas que nos han llevado aquí, sigan vigentes. En la situación en la que estamos aprobamos una resolución congresual que plantea que para una reparto de la riqueza es necesario más salario, más gasto social y más justicia social. Vamos a desarrollar una amplia campaña social que terminará el 5 de junio.

Porque la patronal y los gobiernos, que van de la mano en la situación, en la que la banca ha sido la que nos ha llevado a este grave problema, están de acuerdo en no cambiar de política. Si no se hace, el ajuste supondrá la destrucción de empleo, congelando salarios e imponiendo elementos de precariedad. En vista de esa situación, es imprescindible que al mundo del trabajo, en primer lugar, y al a sociedad, en segundo, le llegue una lectura y diagnóstico de clase, para intentar que no pase lo que sucedió en la anterior crisis de los años 1992 y 1993.

Un importante dirigente empresarial cuando llegó la crisis anterior nos llegó a decir que no era hora de reivindicar, que cuando la economía creciera ya repartiríamos. Nos dijo que había que remar juntos. le contestamos que ni remamos ni vamos en el mismo barco que la patronal y los gobiernos.

¿En estos quince años de crecimiento y acumulación de beneficios han repartido algo?

No hemos conseguido recuperar el porcentaje de renta que tenían aquellos salarios en aquella coyuntura. Porque, si algo está claro desde nuestro punto de vista, es que la patronal da por descontado que la práctica totalidad de los expedientes de regulación de empleo salen como ellos dicen, lo mismo que la aplicación de la Ley Concursal. La patronal es una gran privilegiada en coyuntura de crecimiento y en desaceleración, siempre recibe un trato privilegiado. Creo que debemos actuar en una correlación de fuerzas que impida que saquen más tajada, porque se van a aprovechar la coyuntura de crisis. Los gobiernos con la patronal están de acuerdo en la destrucción de empleo y de salarios.

¿Los trabajadores se están hartando de ese trato desigual?

No estamos bien. Desde la no resignación del movimiento sindical, reconocemos que los gobiernos, unos más que otros, han diseñado políticas laborales para favorecer la acumulación del capital con el aumento de la precariedad. Se ha adulterado la política fiscal. Ha habido una involución fiscal. En las haciendas vascas (incluida la navarra) se ha hecho una política que favorece sólo a los empresarios.

¿En qué aspectos?

La gente no sabe que las rentas de capital, las de los empresarios, paga un 18% y que las rentas salariales de los trabajadores, en el punto mínimo, pagan un 23%. Es decir, los trabajadores pagamos cinco puntos más que los empresarios, con la diferencia de salarios que hay entre unos y otros. La gente no sabe que la renta media de trabajo declarada es de 20.000 euros y la renta de actividades profesionales es de 12.000 euros, que hay un innumerable fraude fiscal, que no se persigue.

¿También ocurre con el Impuesto de Sociedades?

Tampoco se sabe que el Impuesto de Sociedades se ha reducido del 35% hasta el 28%. Y que están dando catalogación de pymes a muchas empresas para que paguen menos (24%), pero la gente no sabe que el tipo real que pagan las empresas, sólo las que tienen beneficio, no supera el 17%, muy por debajo de lo reglamentado. La gente no sabe lo que significa eliminar el Impuesto de Patrimonio, es decir que los que más tienen dejarán de pagar a las alicaídas arcas públicas un total de 250 millones. Todo esto se hace en un momento de crisis en el que nos dicen que no hay recursos.

¿Hay que modificar el sistema fiscal para que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos?

La fiscalidad supone la centralidad. Es la pieza fundamental. En esta coyuntura difícil, las haciendas vascas siguen diciendo que tienen menos ingresos, pero siguen aprobando reformas fiscales para favorecer sólo a las rentas altas. Además, otro componente que impulsan los gobiernos es la privatización de lo público, bajo una premisa: los espacios públicos son áreas de negocio privado. La consecuencia es que los ciudadanos tienen que pagar por los servicios que tendrían que ser universales y gratuitos. Con esa actuación, se se fomentan áreas de negocio. Una consecuencia directa la leíamos hace unos días en la prensa donde se decía que las listas de espera de Osakidetza hacen crecer la contratación de pólizas privadas. Es un ejemplo elocuente de lo que sucede.

¿Hasta cuándo va a aguantar esto así, sin que se produzca una explosión social y laboral?

Creo que sería igual de frívolo si digo lo que va a suceder dentro de unos meses. No descartamos nada. Sí digo que vamos a intentar hacer y tener a la organización preparada para responder.

Incluso, ¿con la participación en una huelga general?

No se descarta, porque no se sabe lo que va a suceder. Es urgente que en el mundo del trabajo entre una reflexión de clase para poder avanzar.