En esta ocasión el silogismo nada aristotélico, de parvulario, es que si Batasuna y ETA son la misma cosa, D3M o cualquier otra sigla en la que haya personas de izquierda abertzale -ahora ya esté 'contaminada' o no- no sólo no podrá concurrir a las elecciones sino que, por pretender asegurar el derecho a ser elegibles, serán detenidos y encarcelados sus miembros y pasará a ser considerada «organización terrorista». Hemos entrado en la era Obama llevando la 'justicia preventiva' de Bush a su paroxismo. El efecto añadido es que la pésima educación ciudadana que implica sacrificar derechos y democracia a una supuesta seguridad tardará años en limpiarse. Se critica en otros y se aplica en casa.

En el razonamiento que sostiene esas acusaciones decaen principios elementales. Decae la descripción de la realidad. Pensar, por ejemplo, en Amparo Las Heras o en Arantza Urkaregi a las órdenes de ETA no es que sea difícil, es imposible. Desaparece el garantismo para hacer aparición la arbitrariedad, con un uso retorcido de la propia Ley de Partidos, en contradicción con el cuidado que antes se decía tener con las pruebas. Se fulmina la independencia del poder judicial. Pero lo peor es que se conculcan la libertad de expresión y el derecho a ser elegibles en un proceso electoral democrático a personas y a una corriente social. (...)

Pero vayamos al fondo: ¿Hay alguna razón por la que en defensa de la democracia pudo identificarse ETA y Batasuna, y deba, en consecuencia, procederse a la ilegalización de ésta y de todo lo que se le parezca? Ni el juez Garzón ni el Gobierno español tuvieron una sola constancia de actividad terrorista alguna desarrollada por Batasuna.

¿Se podía criticar a Batasuna porque no condenaba las actividades de ETA e incluso porque ETA ni siquiera entraba en sus análisis públicos (de los privados poco sabemos) sobre el conflicto vasco? A nuestro entender no sólo se podía, sino que se debía hacerlo. Pero la óptica más legitimada para hacerlo es la que reivindica simultáneamente más democracia, derecho a decidir y respeto a la voluntad ciudadana, a diferencia de quienes denunciando a ETA tienen otra vara de medir respecto a los derechos de la ciudadanía o de nuestro país. Es más, utilizan a ETA para hacer imposible el derecho de decisión, su otro demonio.

Se pueden y deben manifestar esas críticas. Pero de ninguna manera se puede seguir identificando Batasuna y ETA como nadie puede imputar los crímenes franquistas al PP porque no condene el franquismo. Incluso, en el caso más explícito y grave de la democracia cuando una parte de la dirección del PSOE montó los GAL en los 80, nadie pidió, ni pide, señor Jáuregui, la disolución del PSOE. ¡Qué poca memoria! (...)

Entre las detenidas está nuestra compañera Arantza Urkaregi, profesora de la UPV-EHU. Hacemos completamente nuestras las dos consideraciones que hizo públicas el rector al conocerse el hecho (...).

Exigimos verla en libertad y que se acabe este dislate, al igual que exigimos la libertad de expresión y organización de todas las corrientes políticas, incluidas las izquierdas abertzales.