Madrid insiste, nuevamente por boca del juez Garzón, en que los encarcelamientos que se suceden alarmantemente en Euskadi no tratan de asfixiar las ideas sino de castigar una connivencia criminal. ¿Pero ante qué tipo de crimen estamos? Vayamos por pasos. Los posibles líderes de Demokrazia Hiru Milloi son culpables, según el juez, de resucitar los propósitos de Batasuna, partido condenado a la desaparición por sentencia del Tribunal Supremo español, que lo cree banda criminal en su totalidad. Por consiguiente Batasuna, según insisten políticos y magistrados, no fue expulsada del ámbito público por sus ideas sino por ser parte de una organización armada. Claro que esto habría que probarlo con hechos y no con elucubraciones intelectuales. Mas apoyando el pie en un discurso espeso y especioso, los magistrados insisten en que Batasuna no es depositaria de una estructura ideológica sino que constituye un polvorín.

Pero ciertamente, ¿qué ha pretendido siempre Batasuna? Pues la independencia de Euskadi. Para eso ha ido a las elecciones y trabajado en la calle. Es decir, un ejercicio de puro rango político. Lo otro hay que demostrarlo con piezas tangibles, pero el juez ha decidido, mediante un teórico e innovador mecanismo inductivo-deductivo -operado sobre todo por la Guardia Civil- que toda aspiración a la independencia de Euskadi, protagonícela quien sea, está repleta de ETA. Es más, si un miembro de Batasuna ejerce la violencia contamina a toda la organización, que es convertida en delincuente colectivo. Novedad en el Derecho: los delincuentes colectivos. Por tanto, en virtud de esta asignación extensiva de la culpabilidad, cualquier independentista queda afectado de terrorismo por contagio aéreo, como si se tratara de una gripe.

En resumen, promover la independencia equivale a una acción armada. El proceso de infestación es el siguiente: ETA encuadra a Batasuna y la vampiriza, y Batasuna fomenta D3M, que se transforma, sin más, en ETA, tras ser mordida en la yugular por los «batasunos». ¡Pero el terrorismo -sin entrar en su confusa definición, que por ahora es múltiple- necesita ser demostrado con pruebas materiales! ¿Y qué pruebas hay de que Batasuna y D3M sean terroristas? Pues ahí empieza la elucubración evanescente: la prueba radica en que Batasuna y D3M coinciden con ETA en el objetivo político, que es la independencia vasca.

Luego si el etarra mata, el batasuno mata por afinidad ideal. Mas, rebus sic stantibus, cabe hacer una observación: ¿acaso no son independentistas determinados peneuvistas o afiliados a Eusko Alkartasuna? ¿Y matan esos peneuvistas y esos «alkartasunos»? Parece ser que no.

Los tribunales de Madrid defienden, no obstante, la identidad de etarras y «batasunos» mediante el concepto del «todo orgánico». No vale que D3M decida actuar en un estricto plano político, que es lo que Madrid exige teóricamente para aceptar a las formaciones que propongan la independencia. El juez ha decidido establecer una identidad terrorista basada, por ejemplo, en las equivalencias de lenguaje. Merced a esta equivalencia, ese lenguaje es similar a una acción bélica: el que habla como ETA respecto a la independencia vasca también dispara como ETA. La lógica tiene aire de conclusión de barra de café tras una noche insomne. No importa que el más sano Derecho Penal sostenga que las ideas no delinquen sino que delinquen las personas. Cosa esta última que, además, no debe ser probada inductiva o deductivamente sino taxativamente. Para apreciar un crimen se precisa un muerto, un arma y un nexo causal. Pero he aquí que las ideas son juzgadas como armas físicas a fin de aplicar conveniente y rotundamente la ley.

En consecuencia -así lo estiman el Gobierno central y sus tribunales-, las ideas equivalen a herramientas materiales del delito. Atendamos con buen oído esta aseveración: el juez afirma que D3M es «la opción de la izquierda abertzale». Y la opción es, ya, el delito, que apuntalan la Guardia Civil y la Policía Nacional, que son las organizaciones armadas del Estado a cuyo cargo corre, como ya hemos señalado, alimentar la doctrina intelectual para orientar a los tribunales.

El juez, siguiendo la estela policial, se adentra en el laberinto mental y presenta pruebas: frases interpretadas, amistades de zona o situación, pareceres, generalizaciones. Pero insistamos: ¿hay algo en ese discurso independentista que equivalga a la posesión de armas o que demuestre la participación en acciones bélicas? ¿Ha actuado armadamente la izquierda abertzale? No, pero constituye el soporte de ETA. ¿Y cómo soporta el soporte? Pues mediante el discurso independentista.

La teoría del soporte tiene resonancias teológicas integristas. El juez insiste una y otra vez en «un todo orgánico». Es como si el GAL fuera parte del todo orgánico socialista. La diferencia está, sin embargo, en que el PSOE se ha redimido del GAL como de un exceso pasional producido por la guerra santa en defensa de la unidad española. Y esta finalidad defensiva, que es bautismal, limpia y da esplendor al Partido Socialista y a su trépano vasco, el PSE. Ahí hay un todo orgánico indudablemente, pero salutífero ¿Cuál es, pues, la única diferencia, jurídicamente hablando, entre los socialistas y los abertzales de izquierda desde el horizonte argumental del «todo orgánico»? Sencillamente, que los socialistas no están prohibidos y Batasuna, sí. ¿Y quién prohibió a Batasuna y, con ello, a sus seguidores hasta convertirlos en criminales?: pues los socialistas.

El enredo cobra tintes endemoniados de una lógica sacristana. A es a B como B es a C, luego C es a A. Este tipo de silogismo fue el que usó «La Codorniz» ante una de las suspensiones de que fue víctima en tiempos de la dictadura: «Bombín es a bombón como cojín es a X» Lo que finalizaba con el resultado de que a «La Codorniz» le importaba 2X la persecución de que estaba siendo objeto. Mas llegados aquí uno se pregunta, acosado por estos torpes malévolos: ¿pero por qué ocurre todo esto, tan elemental y áspero? Vamos a cavilar alguna cosa acerca de la impotencia política que subyace al embeleco.

Lo que motiva la visible torpeza de los gobiernos actuales para resolver las guerras entre instituciones y sectores desposeídos de toda posibilidad de razón es la impotencia comprobable de las instituciones para construir un ámbito común dialéctico. La torpeza clamorosa para resolver los problemas en el marco institucional lleva a los Estados y sus beneficiarios a producirse con una violencia provocativa y continuada, material y moral. Y consecuentemente, la creciente concienciación popular ante estas injusticias institucionales produce, a su vez, la violencia de respuesta, que no siempre tiene una medida precisa, porque no se puede pedir al dominado lo que el dominador es incapaz de lograr para sí mismo: prudencia y juicio sereno.

El resultado de esta situación de inestabilidad y dolor se resuelve por las instituciones construyendo un diseño moral según el cual los que gobiernan son justos y demócratas y los que se sublevan contra la injusticia son gentes asesinas, viciadas por una criminalidad de tipo antropológico.

Es decir, estamos en un proceso de putrefacción del modelo social vigente, cuyos dirigentes se ven carcomidos por una impotencia radical para crear otro modelo más humano y justo. Y esa impotencia, derivada de un aferramiento a intereses espurios, lleva a corromper el espíritu de las leyes hasta desnudarlas de toda verdad en nombre de una falseada prudencia de cuyos usuarios dice Mauriac que llevan «esta prudencia hasta los confines de la cobardía». Y en ese límite están la sangre y la injusticia.