El anuncio de una iniciativa ciudadana para denunciar al Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la prohibición de la consulta fue el «bombazo informativo» con el que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, abrió este curso político desde el donostiarra palacio de Mirarmar el lunes 1 de setiembre de 2008. Presentó su propuesta como «una movilización pacífica desde el punto de vista social y muy activa desde el punto de vista jurídico y político». Un intento, según explicó, de «poner en la agenda europea el derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a que su voluntad sea respetada». Y habló incluso de «un test democrático a la sociedad española» en la que se dice que todo es defendible pero que después no permite que todo se defienda.

Mientas EA y EB respondieron de inmediato al lehendakari que ponían sus estructuras al servicio de esa recogida de denuncias, el PNV acogió la propuesta con pública frialdad. El EBB se limitó a «hacerse eco» del llamamiento del lehendakari e invitar a los partidos a estudiar la cuestión. Los jeltzales derivaron las reuniones de los partidos hacia un discreto segundo plano, en el que no hubo ninguna compare- cencia pública. Y todo quedó finalmente en la recogida de firmas en un manifiesto en el que se solicita a los partidos que mantengan en sus programas «la aspiración a la capacidad plena de decisión de la ciudadanía vasca» y donde el firmante se adhiere a cuantas iniciativas desplieguen los partidos en defensa de la consulta. De todas aquellas firmas nunca más se supo. Ni cuántas se recogieron, ni para qué sirvieron. ¿Qué queda a día de hoy de lo que Juan José Ibarretxe dijo el 1 de setiembre? ¿Dónde está la anunciada gran movilización de denuncias? Por ahora, sólo EA ha recurrido a Estrasburgo, mientras PNV y Aralar dicen que se lo están pensando coordinadamente.