LAB censura al director del Instituto Iturrama por delatar a sus alumnos
Dos estudiantes del Instituto Iturrama de Iruñea fueron llamados a declarar ante la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional española la semana pasada acusados de tomar parte en una concentración que tuvo lugar a comienzos de curso dentro del centro. Según denunció ayer el sindicato LAB, ha sido el propio director del instituto quien ha denunciado «con nombre y apellidos» a sus alumnos. Otros diecisiete menores podrían correr la misma suerte.
Asier VELEZ DE MENDIZABAL |
Las diligencias abiertas en la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional española en relación con una concentración llevada a cabo por alumnos del Instituto Iturrama a comienzos de curso ha derivado en la citación de dos estudiantes del centro, que declararon en el tribunal especial la semana pasada. Ayer, los delegados sindicales de LAB en el Departamento de Educación Jokin Aldarondo y Eneko Iurramendi comparecieron en Iruñea para denunciar lo ocurrido, y acusaron al director del centro Pedro Otaduy de haber delatado a sus propios alumnos ante el tribunal español.
«Nos parece del todo cobarde y miserable el trabajo sucio de delator que ha llevado a cabo el director, más siendo él el último eslabón de la cadena de la comunidad educativa, y cuando el beneficiado de esta situación es un estamento ajeno y represivo como la Fiscalía de la Audiencia Nacional», criticó Aldarondo, al tiempo que hizo un llamamiento al profesorado de los institutos de Nafarroa «para que en el futuro no apoyen su canditura para ser miembro del equipo directivo de ninguna escuela».
Tal y como explicó el portavoz de LAB, en un principio las responsabilidades de la concentración que varios estudiantes llevaron a cabo en setiembre durante un recreo -sin el permiso de la dirección- se saldó con la apertura de un expediente disciplinario y la expulsión temporal de dos alumnos, aunque los hechos posteriores se desencadenaron a raíz de la denuncia interpuesta por la AVT ante la Audiencia Nacional española, que la admitió a trámite.
Posteriormente, agentes judiciales se desplazaron desde Madrid a la capital navarra para entrevistarse con el máximo responsable del instituto, quien, según aseguraron desde el sindicato abertzale, denunció «con nombres y apellidos» a los alumnos que supuestamente habrían tomado parte en aquel acto.
«No lo sabemos con exactitud, porque este señor lo ha llevado todo en silencio y con mucha discreción, pero, al parecer, la Policía le mostró unas fotografías de la concentración en las que aparecían varios estudiantes, a quienes identificó en el momento y posteriormente se ratificó tras acudir a comisaría a prestar declaración. No se arrepiente de nada y dice que está muy agusto con lo que ha hecho», denunció el portavoz del sindicato abertzale, que alertó de que estas tomas de declaración podrían acabar en la celebración de un juicio «con penas de hasta tres o cuatro años de internamiento en centros de menores».
Además, Aldarondo agregó que en estos momentos otros 17 alumnos del centro, menores de edad, se encuentran igualmente en peligro de ser citados en el tribunal especial español «con el consiguiente riesgo de ser detenidos a altas horas de la noche, tener que padecer torturas o malos tratos, y finalmente, ser encarcelados».
Sin informar a los padres
Los delegados de LAB también denunciaron la actitud mostrada por el director del instituto iruindarra a lo largo de estos meses, a quien acusaron de no haber querido dar ninguna información a los padres. «Ha llevado el asunto en secreto y en ningún momento ha informado a los padres y madres de si había dado los nombre de sus hijos o no. Tras mucho insistir, hizo pasar uno a uno a los alumnos por su despacho, haciéndoles saber si estaban en la lista o no, con la humillación que supuso para ellos tener que pasar por esa situación», detallaron.
Asimismo, los comparecientes quisieron solidarizarse con los jóvenes «que pudieran ser investigados, damnificados y castigados» a consecuencia del proceso abierto en la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional española, así como expresar «nuestra gratitud más sincera a la juventud que por encima de todas las actuaciones represivas, se organiza, se moviliza en Iturrama y en toda Euskal Herria, ya que día a día nos demuestra que hay una juventud comprometida que nos lleva a mirar el futuro con esperanza».
De la misma forma, Jokin Aldarondo y Eneko Iurramendi mostraron su compromiso de seguir oponiéndose «a cualquier ingerencia de agentes externos en cuestiones que afectan a la convivencia diaria de los centros escolares».
Los dos estudiantes menores de edad han sido llamados a declarar ante la Audiencia Nacional española en relación con una concentración que varios alumnos llevaron a cabo durante un recreo en setiembre.
Tras la celebración del acto, que se llevó a cabo sin el consentimiento del director, la dirección del centro decidió abrir un expediente disciplinario a dos estudiantes, que concluyó con su expulsión temporal.
Posteriormente, la AVT interpuso una denuncia en la Audiencia Nacional española, lo que llevó al director a facilitar los nombres de los alumnos que tomaron parte en el acto cuando así se lo requirió la Policía.
Representantes de la plataforma vecinal Askatasun Haizea denunciaron ayer en rueda de prensa la «criminalización» de diez jóvenes de Burlata y otro más de Iruñea, Iker Araguas, que ha sido incluido por el juez de la Audiencia Nacional en el mismo sumario. Todos ellos están imputados por actos de kale borroka.
En nombre de esta plataforma, Karmele Tirapu (madre de Iñigo Gulina) y Ainhoa Oroz recordaron que en noviembre de 2007 fueron detenidos seis jóvenes en una operación policial «que fue publicitada a bombo y platillo». De todos ellos, Xabier Urdin quedó libre sin cargos; Iker Gorriz fue puesto en libertad tras pagar una elevada fianza; Aitor Torrea fue excarcelado una semana después de la muerte de su padre, tras pasar un año en prisión; el pasado 30 de enero, Iñigo Gulina y José Javier Osés recobraron la libertad tras el pago de sendas fianzas, y David Urdin es el único que permanece encarcelado de forma preventiva.
«Las imputaciones que les hacen están basadas únicamente en las declaraciones autoinculpatorias que, tal y como denunciaron en su día, realizaron bajo tortura durante los cinco días que permanecieron incomunicados en dependencias policiales», recordaron ayer Tirapu y Oroz, que estuvieron acompañados por una docena de miembros de Askatasun Haizea.
También informaron de que, durante estos 14 meses, la causa contra ellos ha estado bajo secreto sumarial, sin que hayan podido conocer «ni los hechos concretos que les imputan ni las pruebas reales que dicen tener en su contra».
Hace unos días el juez levantó el secreto sumarial y Askatasun Haizea se encontró con la «sorpresa» de que también ha citado para hoy a otros cuatro jóvenes de Burlata y a Iker Araguas, de Iruñea, para procesarlos dentro del mismo sumario. Se trata de Igor Aoiz, Aitor Zazpe, Xabier Arina e Iñaki Torrea.
«Esta decisión es absurda, porque en estos 14 meses han estado haciendo una vida normal y en ningún momento se han sustraido a una posible actuación de la Audiencia Nacional. Cuatro familias más de nuestro pueblo se enfrentan al drama que constituye la posibilidad de que un hijo sea encarcelado. Nosotros tenemos muy claro -afirmaron- que el único «delito» de todos ellos es el de ser jóvenes inquietos, comprometidos con su pueblo».
Ayer por la mañana se celebró en la Audiencia Nafarroa el juicio contra un joven que fue apaleado por agentes de la Policía Foral y Municipal durante una carga en las fiestas del barrio Arrosadia de Iruñea en 2007. Según denunciaron entonces desde la iniciativa Iruñerria Piztera Goaz, los policías arremetieron contra un grupo de jóvenes que se encontraban en la zona de txosnas con la excusa de retirar una pancarta, lo que provocó varios heridos y contusionados. En los incidentes, los agentes detuvieron a uno de los jóvenes alegando que había intentado agredirles con una botella de cristal.
Sin embargo en el juicio ninguno de los tres policías que lo detuvieron ha podido asegurar que el imputado portara una botella de cristal, ni que tratara de agredirles. Antes de la vista decenas de personas se han concentrado frente a los juzgados en solidaridad con el joven.
Los delegados sindicales de LAB denunciaron que el máximo responsable del centro iruindarra ha querido mantener el asunto en secreto durante estos meses, sin facilitar ninguna información a los progenitores de los estudiantes.
