Todavía queda mucho por andar en el camino hacia la reconciliación en el norte de Irlanda, aunque el Grupo Consultivo sobre el Pasado ya ha dado algunos pasos con la publicación del informe que define el marco en el que se abordarán las consecuencias del conflicto irlandés.

Esos pasos han servido para desbaratar algunas estructuras del pasado a las que ciertos sectores de la población norirlandesa, particularmente de la comunidad unionista, se aferraban como el último testimonio de su supremacía. No hace más de diez años, en el norte todo estaba jerarquizado, desde quién conseguía empleo hasta quién podía aspirar a ascender en su empresa. Y esta jerarquía, basada en afiliaciones políticas y religiosas, también llegaba hasta las llamadas víctimas del conflicto, cuyo escalafón se establecía en función no sólo de las afiliaciones políticas o sociales, sino dependiendo de quién asumía las muertes.

Es por eso que la decisión del Grupo de equiparar a todas las víctimas ha levantado ampollas, sobre todo en sectores unionistas y lealistas. Un claro ejemplo es que el día de la presentación del documento, el triumbirato de los opositores más exaltados lo componían ni más ni menos que Cedric Wilson, un ex diputado unionista que sólo se resignó a guardar silencio y sentarse cuando fue amenazado con ser detenido; el líder de la escisión del DUP denominada Voz Tradicional Unionista (TUV), Jim Allister, y el dirigente de la organización Familias actuando en nombre de Familiares Inocentes (FAIR), Willie Frazer.

En la página web de FAIR se resume en dos líneas su postura frente al informe presentado por el Grupo Consultivo: «Sus planes de otorgar a los terroristas y asesinos el mismo estatus y compensación que a las víctimas es una aberración y muestra la verdadera cara de esta institución antidemocrática».

El plan de acción fue presentado por el ex primado anglicano en Irlanda Robin Eames y el ex vicepresidente del Consejo Policial norirlandés Denis Bradley. El punto más polémico de su declaración fue la recomendación de que las familias de todas las víctimas, incluyendo a aquellas que pertenecían a organizaciones armadas, reciban una compensación de alrededor de 15.000 euros. Y lo que es más importante, el informe exige el fin de la jerarquía de víctimas que ha imperado durante años.

Aceptar el pasado

Esta «tabla rasa» es un paso hacia el reconocimiento definitivo de que todos aquellos que han perdido la vida a consecuencia del conflicto son víctimas de ese conflicto, independientemente de su religión o la razón por la que fueron objetivo de una acción armada, incluyendo su participación en organizaciones armadas.

«En Irlanda del Norte estamos tratando con comunidades que han estado en conflicto durante mucho tiempo, ambas con la misma posibilidad de negar que se ha hecho mal en su nombre», apunta el informe.

«Uno de los objetivos debe ser facilitar que estas comunidades acepten juntas el pasado para que así puedan admitir su responsabilidad en estos años de hostilidades», agrega.

En las 190 páginas de la propuesta, que cuenta con un presupuesto de más de 331 millones de euros, se incluye la creación de una Comisión del Legado que estaría encabezada por una figura internacional encargada de investigar muertes no resueltas. Sólo se completarán aquellas investigaciones públicas sobre hechos ocurridos durante el conflicto que ya se estén llevando a cabo, pero no se iniciarán nuevas indagaciones.

Asimismo, no se otorgará una amnistía generalizada para aquellos que han cumplido sentencia o tienen juicios pendientes por sus actividades durante el conflicto, pero las evidencias que sean recogidas por esta Comisión no podrán utilizarse en los tribunales y la Comisión podrá decidir que no hay más que investigar cuando su mandato concluya después de cinco años.

El Grupo Consultivo prevé que, una vez finalizada la labor de la Comisión del Legado, partidos políticos y estructuras paramilitares aún existentes firmen un compromiso de no volver a emplear la violencia con objetivos políticos. Es posible también que la Comisión exija que estas organizaciones pidan perdón como un paso hacia la reconciliación.

Ahora, la propuesta debe ser corroborada e implementada por el Gobierno británico del laborista Gordón Brown, quien ya se ha referido a las polémicas propuestas de este informe.

Por su parte, el primer ministro norirlandés, el unionista Peter Robinson, ha expresado su oposición al proyecto, alegando que usar la misma vara de medir en todo los casos «es ignorar los sentimientos de los familiares de aquellos que perdieron su vida a consecuencia de las acciones del IRA».