La agresión militar del Gobierno de Sri Lanka contra la población tamil continúa estos días, con ataques indiscriminados contra la población civil, y con un avance hacia los últimos bastiones del LTTE. Esta campaña militar está camuflada bajo el paraguas ideológico que le ha dotado la propaganda internacional surgida en torno a la mal llamada «guerra contra el terror», y como denuncian algunos defensores de los derechos humanos, no hace sino esconder una política represora y de aniquilación contra el pueblo tamil y sus representantes.

Algunos mitos que sostienen la historia de Sri Lanka se han comenzado a resquebrajar. Desde su independencia, la mayoría cingalesa ha venido denunciando la situación de privilegio que vivió la población tamil bajo la ocupación británica. Sin embargo, un detallado repaso a las actuaciones de los colonialistas británicos sirven para desmontar esos mitos.

Las principales vías de comunicación en Jaffna eran de tiempos de los holandeses, y los británicos abandonaron éstas y proyectos de nuevas vías. El ferrocarril en la isla se dirigió primero hacia el sur, y fue décadas más tarde cuando se construyó hacia las poblaciones tamiles.

La economía de Jaffna, basada en el comercio del café y textiles, declinó durante el mandato británico y éstos productos no se sustituyeron por otros para reactivar la situación. En la educación, encontramos otro tanto. La presencia de misioneros americanos, enviados «al norte» como castigo y para dificultar su actuación, logró dotar a la población tamil de un modelo moderno y no colonial de educación; no obstante, los principales centros universitarios de la isla se encontraban en torno a la capital, Colombo, y fue esta ciudad la que recibió casi todas las ayudas e impulsos para desarrollarse y convertirse en el centro de la isla.

Parte de la élite tamil no dudó en emigrar hacia esos nuevos centros de poder y, de esta forma, esa minoría privilegiada fue la que puso en dificultades a la parte cingalesa, los propietarios y colaboradores de la ocupación que supieron aprovecharse de ésta y de las décadas posteriores. Además, finalmente, los británicos apostaron por transferir el poder a la élite y aristocracia de la costa cingalesa, en detrimento de la burguesía tamil de Colombo y, sobre todo, por encima de las demandas de la mayoría del pueblo tamil que reclamaba una soberanía plena.

Todos los gobiernos de Colombo han funcionado exclusivamente al servicio de los deseos de la población cingalesa. En este sentido, es interesante recoger las declaraciones de la máxima figura militar del país, el teniente general Sarath Fonseca, que afirmó «estar convencido que este país pertenece a los cingaleses, aunque también existen algunas comunidades minoritarias. Y si éstas quieren vivir con nosotros, no deben pedir cosas irrealizables». Es decir, la isla pertenece a los cingaleses y los tamiles pueden vivir en ella mientras no demanden su propia identidad o soberanía.

La historia más reciente de Sri Lanka está marcada por el carácter excluyente del chauvinismo cingalés. Hasta la Constitución de 1972, la isla era conocida de tres maneras diferentes. Sri Lanka para los cingaleses; Ceilán para los ingleses, e Ilangkai para los tamiles. Sin embargo, a partir de ese año el nombre oficial pasará a ser Sri Lanka, haciendo de la identidad cingalesa su eje central.

Ante esa situación, la población tamil rechazará una Constitución que con la base budista-cingalesa, les colocaba como ciudadanos de segunda categoría. Dos años más tarde, el pueblo tamil hará pública la Declaración Vaddukkoaddai, en la que se reclama el derecho de autodeterminación para los tamiles y se hace hincapié en la reivindicación de «Ealam Tamil».

El intento de los diferentes gobiernos de Sri Lanka de imponer la identidad cingalesa a los tamiles y dominarlos completamente no han cesado, pero las constantes tentativas militares por acabar con la resistencia no han dado, de momento, sus frutos. La estrategia de Colombo es la instauración de un nuevo colonialismo, para someter al pueblo tamil a los deseos e intereses cingaleses.

Llaman la atención las recientes declaraciones de un prestigioso sociólogo cingalés que destaca, en un claro tono militarista y triunfalista, la «necesidad de no perder la victoria en la paz». En su discurso aboga por «llenar las zonas tamiles de colonias, dotando a los nuevos colonos cingaleses de tierras y recursos, evitando que los tamiles vuelvan a controlar la situación». Además, defiende la instalación de fábricas controladas por el Ejército, para defender a los nuevos colonos y producir nueva riqueza para ellos. Finalmente. apuesta por perseguir a todo aquel que cuestione la soberanía de Colombo o apoye las demandas tamiles.

La avalancha triunfalista contrasta con los datos que están publicando otras fuentes en relación al conflicto. Un prestigioso abogado estadounidense está planteando llevar ante los tribunales dos altos cargos del actual Gobierno de Sri Lanka que tienen pasaporte de EEUU. Las acusaciones de «complicidad en el genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura y muertes extrajudiciales» son graves, y a pesar de que las posibilidades de seguir a delante no son muy grandes, el caso está sirviendo para hacer público datos que generalmente se ocultan.

El informe apunta que se está produciendo «un genocidio sistemático contra los tamiles por parte del Gobierno de Sri Lanka», resaltando las miles de vidas de civiles tamiles que se han perdido a manos del Ejército de Colombo. Señala que hay datos objetivos que prueban la «sistemática privación y aislamiento de la población civil tamil».

Así, el Ejercito cingalés sería responsable de más de tres mil muertes extrajudiciales y desapariciones en los últimos tres años (una media de tres muertos y tres desaparecidos por día). Las investigaciones oficiales de estas actuaciones son meras escenificaciones sin ningún resultado punible para sus autores. Además, se tiene constancia de la existencia de cerca de doscientos campos militares en las áreas tamiles, donde nadie puede moverse sin permiso del Ejército ocupante.

También destaca la situación de más de un millón de tamiles que ha sufrido «hambre, se le ha privado de medicinas y ha tenido que desplazarse hacia campamentos de refugiados». Todo ello sin contar el incalculable número de civiles que están sufriendo el denominado «trauma sico-social».

Maquillar el genocidio con el label de «contraterrorismo» para lograr el apoyo de la llamada comunidad internacional es la postura de Colombo. Y de momento parece que está logrando sus objetivos. El llamamiento de algunos países a que el LTTE deponga las armas y se rinda sin condiciones no ha gustado a los representantes tamiles. Éstos apuntan que la credibilidad de esos actores en el pasado, incluido el papel de la ONU, quedó en entredicho ante el genocidio de Rwanda. «Si ante esa amenaza el pueblo tamil no puede defenderse, estaría abocado a su desaparición, de ahí que convenga respetar las decisiones del pueblo tamil para mantener sus justas reivindicaciones», afirman portavoces de organizaciones como «Tamiles contra el genocidio».

La tragedia humanitaria que está sufriendo el pueblo tamil, con miles de muertes estas semanas, se está incrementando por el embargo impuesto por el Gobierno de Sri Lanka, que impide cualquier asistencia humanitaria a la población civil. Además, la comunidad internacio- nal, claramente posicionada del lado de los dirigentes cingaleses, no ha cesado en su ayuda económica y militar para que ese mismo Ejecutivo pueda llevar a cabo ese genocidio.

Esa misma comunidad internacional mira hacia otro lado ante las constantes violaciones de las leyes internacionales. Las recientes declaraciones del secretario de Defensa cingalés señalando que «ningún hospital puede operar fuera de la zona de seguridad... cualquiera fuera de la misma es un objetivo legítimo», se producen tras un bombardeo contra un hospital con decenas de muertos. Ataque que algunos presentan cínicamente como «fruto de enfrentamientos armados», cuando en realidad se trata de otro «crimen contra la humanidad» cometido por los militares, según la legislación internacional.

Los anuncios de defunción de la resistencia tamil no son nuevos. Ya hace veintidós años, en 1987, el prestigioso «The Economist» presentaba un escenario sin la representación tamil del LTTE bajo el título «Réquiem para los tamiles». El tiempo ha colocado a cada uno en su sitio, y el sufrimiento por no abordar el conflicto con seriedad perdura hasta nuestros días.

Si todos saben que el conflicto entre tamiles y cingaleses es fundamentalmente de naturaleza política, su superación necesita obligadamente una solución política. El pueblo tamil lleva décadas señalando que la isla está habitada por las naciones tamil y cingalesa, «y sobre la base del reconocimiento de esa realidad, y con una negociación entre los legítimos representantes de ambas naciones (el Estado de Sri Lanka y el LTTE) sobre la fórmula que posibilite a ambas naciones convivir en paz» se hallará la solución al conflicto.

Hasta ahora, en esa ecuación, los cingaleses, sobre todo el denominado etnonacionalismo cingalés-budista, ha mantenido que el conjunto de la isla pertenece a la nación cingalesa, rechazando el reconocimiento de la existencia de una nación tamil con los mismos derechos. Ese discurso ha fomentado una actuación militarista como la única solución para imponer sus objetivos, tendentes al desmantelamiento absoluto de una realidad, la existencia de la nación tamil.

Bajo la bandera de la llamada «lucha contra el terror», y con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional, se está gestando un genocidio contra una de las culturas más antiguas de la humanidad y contra las justas aspiraciones del pueblo tamil.