La célebre frase del premier británico Winston Churchill en la que señala que «democracia es el sistema político en el cual, cuando alguien llama a la puerta a la seis de la mañana, se sabe que es el lechero» suele ser profusamente citada en Euskal Herria y ha pasado a formar parte de la cultura popular. Con la excepción de algunas localidades los lecheros hace años que dejaron de repartir y, sin embargo, a menudo un puño, un ariete o una manada de personas encapuchadas blandiendo armas arremeten contra las puertas de casas de ciudadanos vascos para llevárselos en medio de la noche esposados y en régimen de incomunicación.

Normalmente, conviene recordarlo, se trata de casas en las que habitan personas con sus familias y llevan una vida totalmente pública y normal. Tan pública y normal que reivindican su postura política a cualquiera que les quiera escuchar, lo mismo ante sus vecinos que ante los medios de comunicación. De hecho, son detenidos por hacer ese tipo de vida pública y normal, tal y como sucedió con los promotores de la plataforma Demokrazia 3 Milioi (D3M) hace tan sólo dos semanas.

Conviene recordarlo no porque en el resto de casos se puedan permitir razzias como las que amenizan los noticiarios, sino porque a estas alturas el problema español es tan de fondo que a menudo se olvidan los elementos formales, procesales, mínimos si se quiere, que no determinan pero sí clarifican la diferencia entre una democracia y algo que se le parece pero no lo es.

En ese terreno, sin entrar a la cuestión de fondo -lo antidemocrático de la norma en sí-, los plazos que otorga la Ley de Partidos para determinar la ilegalización de candidaturas o formaciones vacían al Derecho de su esencia. Parafraseando a Churchill, un sistema político que ilegaliza partidos en lo que se tarda en ordeñar una vaca, además de no ser democrático, no es serio. Hasta el Tribunal Supremo español es consciente de ello. También es probable que sea consciente de que, sin entrar tampoco a cuestiones jurídicas de fondo, el desastre procedimental y de garantías que conlleva esa Ley puede traerles problemas a medio plazo en instancias internacionales. Si ese día llega no podrán aducir que no les avisaron. Hasta la ONU lo ha hecho.

Proyectos e ideas ilegalizadas

Entrando, ahora sí, a la cuestión de fondo, los portavoces del PSOE llevan varios días insistiendo en el lema de que los procesos de ilegalización abiertos no suponen la ilegalización de ideas, sino la prohibición de defenderlas a través de «la violencia». Obvian así, por un lado, el origen del debate -que «violencias» hay muchas y que la cuestión es determinar su grado de legitimidad en un contexto político determinado, no en abstracto-, también las causas del conflicto vasco en sus parámetros actuales. Por otro lado, niegan la evidencia. Existen proyectos políticos que están de partida excluidos por la Constitución española, como son el independentismo de las naciones que conforman el Estado español o el republicanismo y el federalismo reales, no discursivos. Y es que la gran diferencia entre el caso vasco y el resto de opciones políticas legítimas mencionadas estriba en que en Euskal Herria existe una base social potente y un movimiento político estructurado en torno a un programa y una estrategia clara para la consecución de la independencia. Eso es lo que intenta atajar el Estado español a cualquier precio.

Por su parte, el PNV dice que se opone a las medidas que promueven desde Madrid, pero además de no cuestionar de ningún modo el hecho de que en estas condiciones las elecciones son cuando menos fraudulentas, insiste en repetir una y otra vez que con la izquierda abertzale no comparte ni medios ni objetivos. Y de ese modo ofrece un marco ideológico para comprender la involución política del Estado español y justifica el fundamento de su aparato represivo: que el pecado original de la izquierda abertzale es independiente de lo que hace, y que consiste en lo que piensa o en lo que dice. Sostiene, por ejemplo, que nadie puede pensar como ETA -de ahí la mencionada ilegalización de ideas-, sea en relación a Palestina -mencionada en su último comunicado-, a la figura histórica de José Miguel Beñaran Argala -borrado por ley de la plaza de su pueblo pese a la oposición hasta de su alcalde jeltzale-, al agotamiento del marco estatutario -que también defienden las centrales sindicales abertzales- o al Tren de Alta Velocidad -criminalizando al movimiento ecologista-.

¿Quién se guía por el odio y la venganza?

El propio Churchill también dejó dicho que «los españoles son vengativos y el odio les envenena». Las generalizaciones de ese tipo, de las que los vascos suelen ser víctima a menudo por parte precisamente de los vengativos españoles, no tienen demasiada base científica y, a diferencia de la primera cita, no se deben tomar demasiado en serio.

Lo que no quiere decir que en un aspecto concreto no pueda ser real. El odio y la venganza son dos de lo únicos sentimientos que pueden explicar la saña de los líderes de PSOE y PNV contra quienes defienden una Euskal Herria independiente.