No importa la absoluta falta de consistencia de los argumentos empleados por fiscales, abogados del Estado, jueces que ocupan más pantalla que todos los frikis de «Salsa Rosa» juntos o ministros de patibulario aspecto y dudoso proceder y procedencia. No importa que la sociedad vasca, en su inmensa mayoría, tenga la convicción de que el parlamento que se elegirá el 1 de marzo no será más que un pálido reflejo de lo que se entiende por una cámara representativa de la voluntad popular (que, por sus acreditadas limitaciones de soberanía tampoco alcanzaría a serlo, aún con la presencia de los independentistas). Menos aún importa lo que digan observadores internacionales, comités de las Naciones Unidas o prestigiosos juristas de Estrasburgo. Nada de ello importa cuando los gobernantes españoles hacen suyo el pensamiento protofascista del ajusticiado Antonio Cánovas del Castillo. Lo dijo bien claro y quedó grabado en el pensamiento profundo del régimen español. Hasta hoy: «Cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el derecho».

Esa es la clave de bóveda con la que soporta el Estado español el peso abrumador de la razón, el sentido común y la legitimidad. No busquen más argumentos ni repasen el cúmulo de insensateces que hemos oído y leído para justificar la segregación política del independentismo.

No vale la pena argumentar que es un sinsentido alegar que la firma en pro de una plataforma electoral contamina a quien lo hace. Menos aún defender que las ideas no contaminan. Lo que contamina es el amianto, la planta de coke o las incineradoras. Pero eso es harina de otro costal.

No merece la pena y, además, nos conduce al callejón sin salida que construyó Cánovas, el pensador del imperio español. Con la fuerza construyeron su Estado y han hecho de su fuerza el derecho con que nos juzgan. Ni siquiera trataré de ridiculizar al picapleitos que alega como prueba de «contaminación» haber visitado a un preso hace veinte años. Yo lo haría hoy mismo. Y, además, lo visitaría en el lugar, a la hora y en las condiciones que marca el propio Gobierno español. No merece la pena señalar que la contaminación alcanzaría así a la directora general de Instituciones Penitenciarias. Es en balde.

Si ellos se aferran al protofaccioso Cánovas, yo me quedo con el librepensador Jean-Jacques Rousseau. Lo dijo alto y claro: «Convengamos, pues, que la fuerza no hace al derecho, y que no estamos obligados a obedecer más que a los poderes legítimos». Dicho queda.