La abogada Jone Goirizelaia reclamó ayer al Tribunal Constitucional español que tome en consideración las recomendaciones vertidas por la ONU antes de dictar una resolución sobre la ilegalización de las candidaturas de la plataforma D3M y el partido Askatasuna.

La letrada está ejerciendo la defensa de la agrupación electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M) en los procedimientos abiertos en su contra y compareció ante los medios junto al también abogado y miembro de Behatokia Julen Arzuaga y representantes de varias asociaciones y colectivos que se reunieron el pasado mes de mayo con el Relator Especial de la ONU para la Promoción de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, Martin Scheinin.

Entre ellos se encontraban la letrada Arantza Zulueta, la representante del TAT Ane Ituiño, la abogada de Eskubideak Edurne Iriondo, y encausados en macro sumarios como Julen Larrinaga, condenado a ocho años de prisión tras el juicio celebrado contra el movimiento pro-amnistía, y Lander Etxebarria, imputado en el sumario contra Udalbiltza.

Arzuaga destacó la trascendencia del informe del Relator y el hecho de que se haya hecho público «en medio de un debate en precampaña electoral y cuando se han ilegalizado dos candidaturas más».

En el informe, el Relator de la ONU mostraba su alarma, entre otros aspectos, por la facilidad con la que en el Estado español se ilegalizan partidos y candidaturas electorales. Y emitió una serie de recomendaciones para adoptar garantías procesales más rigurosas.

Las propias defensas de D3M y Askatasuna ya incluyeron el informe en las alegaciones tramitadas ante el Tribunal Supremo durante este fin de semana, pero sus reclamaciones no han sido atendidas.

Goirizelaia denunció que, al anular las candidaturas, la Sala del 61 del Alto Tribunal español «ha hecho lo que el Relator dice que no hay que hacer».

Tras la decisión anunciada el domingo por la noche, las defensas de D3M y Askatasuna tienen de plazo hasta esta noche para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que deberá resolverse antes del comienzo de la campaña electoral el jueves a medianoche.

La abogada de D3M insistió en que el Tribunal Constitucional debería tener en cuenta el informe de la ONU porque si no va a dictar una resolución que «vulnera derechos fundamentales de personas e ideas».

«El Relator es una institución lo suficientemente importante como para que un tribunal lo tenga en consideración si dice que se vulneran derechos fundamentales en la aplicación de la Ley de Partidos», añadió.

En este sentido, Arzuaga declaró que aunque el informe no es «vinculante», envía un mensaje claro al Estado español para que «restituya derechos fundamentales y garantías jurídicas».

Recordó que no es la primera vez que los organismos internacionales denuncian vulneraciones de derechos en el Estado español y reclamó que, «aunque sea por verguenza», debieran de tomar en consideración las recomendaciones de la ONU.

«Un estado de excepción»

Arzuaga repasó los aspectos destacados en el informe elaborado por Scheinin tras su visita y señaló que «dibuja un estado de excepción con vulneraciones de derechos y libertades».

El representante de Behatokia indicó que al igual que hace unos años, cuando el Relator de la ONU para la Prevención de la Tortura alertó de la situación, el informe recoge que la incomunicación de los detenidos facilita esta práctica y que, además, no se investigan las denuncias, lo que garantiza la impunidad.

A su vez, resaltó que el Relator denuncia la política penitenciaria que se aplica contra los presos políticos vascos. Arzuaga señaló que Scheinin tan sólo pudo reunirse con los encarcelados en Soto del Real ya que la dispersión le impidió desplazarse hasta otras cárceles. La aplicación de la «doctrina Parot», el encarcelamiento preventivo que puede prolongarse hasta los cuatro años y las nuevas medidas de vigilancia también aparecen mencionados.

Scheinin critica igualmente la ampliación del concepto de «terrorismo», que comienza desde la kale borroka y termina afectando a medios de comunicación o asociaciones que realizan un trabajo publico. Según recordó, el propio Relator asistió a una sesión del juicio celebrado contra el movimiento pro-amnistía entre abril y junio del año pasado en la Audiencia Nacional y conoció de primera mano este tipo de macroprocesos.

Por todo ello, Arzuaga consideró que el informe del Relator es «un reconocimiento para todos los que han sufrido la tortura, la cárcel, los juicios políticos, y ven cómo son agredidos sus derechos democráticos». A su juicio, el texto supone «un tributo que no han encontrado en instituciones españolas ni autonómicas».

El 10 de marzo en Ginebra

Scheinin presentará el informe elaborado ante la ONU el próximo 10 de marzo en Ginebra. Arzuaga explicó que a partir de ahora el Estado español no podrá alegar que las denuncias de vulneraciones de derechos se deben a que tiene un problema con un grupo de personas, partidos políticos o asociaciones, ya que el informe estará en las manos del resto de miembros de la ONU y destacó que «deberá probar si quiere esconderlo o resolverlo».

Goirizelaia, por su parte, hizo hincapié en que el informe de la ONU es el «comienzo» y que con esto «no se acaba nada». Además, señaló que un organismo como Amnistía Internacional también se está planteando denunciar las vulneraciones de derechos en el Estado español.

La abogada contó que el Relator se puso en contacto con los representantes de las organizaciones presentes antes de iniciar la visita porque estaba «preocupado» por informaciones que había recibido. Según recordó, durante su estancia coincidió con los procesos de ilegalización de EAE-ANV y EHAK y se presentó el recurso contra la sentencia del macrosumario 18/98. «Pusimos en su conocimiento el carácter estructural de la involución jurídica que se estaba dando», aseguró.

«Ha constatado que a pesar de que en el discurso oficial se habla de que existe un Estado de Derecho sinónimo de democracia, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace», declaró.