Tras la decisión del Tribunal Supremo de cerrar el paso a las candidaturas de D3M y Askatasuna, el juez Baltasar Garzón decidió ayer dejar en stand-by la vía penal contra ambas. El magistrado había preparado la probable suspensión de actividades mediante las preceptivas imputaciones y citaciones de la pasada semana, y celebró ayer la «vistilla» para recabar la opinión de las partes. Lo lógico en estos casos suele ser que inmediatamente se emita un auto con la decisión, pero Garzón ya no tiene prisa, toda vez que el veto de ambas candidaturas por la vía del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional parece asegurado.

La posibilidad de que D3M y Askatasuna (legal sin ningún tipo de traba desde 1998) no pueden realizar ninguna actividad queda pendiente para los próximos días o semanas, ya que Garzón no dio ninguna pista sobre cuáles son sus intenciones. Quedan en el alero, por tanto, posibilidades como el embargo de sus cuentas y el cierre de sus locales, así como los de las plataformas Herria Aurrera (de Bilbo) y Gasteiz Izan, que han sido incluidas en la misma operación y fueron precintadas con motivo de las detenciones del pasado 23 de enero.

«Contaminar la vida social»

En cualquier caso, el juez especial ya dio una pista clara de su intención de ejecutar la suspensión la pasada semana con las imputaciones a trece responsables o candidatos de las dos listas, que constituían un trámite necesario para llegar a ese desenlace. Y, además, la Fiscalía reclamó ayer la suspensión de actividades por cinco años.

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota propuso esta medida tanto para la agrupación electoral como para el partido, con un argumento: «Que no contaminen la vida social» en la próxima campaña electoral, el día 1 de marzo y en fechas posteriores. Si aceptara este criterio, Baltasar Garzón tendría que decidir antes de la medianoche del jueves al viernes.

González Mota sostuvo que la decisión del Tribunal Supremo no sólo no invalida la necesidad de ejecutar la suspensión de actividades, sino que la «refuerza». Apuntó que en caso contrario cabe la opción de que Askatasuna y D3M «hagan campaña», «puedan solicitar el voto para otros partidos siguiendo órdenes del entramado ETA-Batasuna» «o coaccionen a los que salgan elegidos en las urnas». Y añadió que «hay antecedentes» en este sentido «por parte de aquellos que apoyan candidaturas ilegalizadas».

El 129 no suspende partidos

Por lo que respecta a la defensa, cabe subrayar que Askatasuna puso de manifiesto que el artículo 129 del Código Penal, evocado en este caso, no contempla aplicar la suspensión de ac- tividades a partidos políticos legales, sino a empresas, fundaciones u asociaciones con otra caracterización.

La abogada de esta formación planteó, por tanto, que suspender las actividades de Askatasuna en base a ese artículo supondría una «aplicación extensiva» improcedente. Denunció además la desproporción de esta medida, dado que en última instancia su única intención evidente es impedir que Askatasuna llegue hasta las urnas. Y recordó al juez Garzón, junto a todo ello, que los hechos que se imputan al partido en ningún caso están probados, y no son más que hipótesis policiales a los que no cabe dar valor pericial alguno.

Mientras se lo piensa, Garzón mantiene imputadas a trece personas a las que hizo pasar por su despacho el pasado viernes, acusadas de «integración» o de «colaboración» con ETA. Se han dictado medidas cautelares leves contra tres de ellas.

El despacho de Garzón, por otro lado, se encuentra ocupado estos días en otra instrucción diferente, relativa a la supuesta red de corrupción que ha salpicado a varios cargos y ex cargos del PP. En la misma mañana de ayer, el juez firmó un auto que imputa a 34 personas por este tema. En los últimos días, ha alternado las actuaciones correspondientes a ambos casos.